Por: Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 22 de noviembre de 2015 (GT).- En el sistema político mexicano, el piso no es parejo. Las leyes no se aplican por igual. Las autoridades, encargadas de aplicarlas, actúan, según sea la condición económica, social e incluso política, de los protagonistas.
La gama de los influyentes, es enorme. Aquellos, que se identifican por el apellido, los que son funcionarios públicos o parientes de políticos. Los procedimientos administrativos y legales, salen sobrando.
Incluso, tales individuos, usualmente no realizan trámites o “se brincan” aquellos que consideran innecesarios o tardíos. Total, saben que nadie se va a atrever a sancionarlos o frenarlos.
Muchas de las veces, aunque sea de palabra, previamente obtienen las “autorizaciones” que sean necesarias. Los responsables, de la regulación correspondiente, justifican la omisión, argumentando exceso de trabajo.
Por eso, cuando se aplica la ley, se detecta una irregularidad y se aplica la sanción correspondiente, surgen las especulaciones. Llega al límite del escándalo. Como si se fuese a acabar el mundo.
Tal fue el caso, de la suspensión provisional de las obras de construcción del llamado Zócalo “11 de Julio”, ubicado en el Parque Benito Juárez, junto al Palacio Municipal. Y esta semana, la clausura del casino del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo.
La sentencia popular advierte que “todos coludos, o todos rabones”, pero resulta que generalmente, los coludos, son influyentes.
Personajes que nadie se atreve a “meter en cintura”. No se les puede tratar, “como al hijo de cualquier vecino”. De hacerlo, sin tomar en cuenta apellidos y condición social o política, la autoridad responsable se mete en un broncón.
Por todo eso, resultaba inverosímil, la noticia surgida esta semana, en el sentido de que elemento del gobierno municipal de Tijuana, clausuraron el recién inaugurado casino del exacalde Carlos Bustamante Anchondo.
Muchos se sorprendieron. No tanto, ante la posibilidad de que el político priísta haya incurrido en un error o haya omitido realizar determinado trámite, pues el personaje se distingue por conducirse como todo un influyente. De esos que hacen lo que quieren, con la confianza de que nadie se atreverá a frenarlos.
Más bien, la sorpresa fue que el XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, se haya atrevido a efectuar la clausura.
Es muy fácil decir que “todos coludos, o todos rabones”, pero sabido es que a los influyentes, nadie los toca. De tal forma en que, cuando alguien se atreve a hacerlo, casi es un escándalo. Y entonces, surgen las especulaciones.
Hay quienes opinan, que todo es una estrategia, dirigida por el empresario casinero, Jorge Hank Rhon, para eliminar a la competencia.
Que desde las oficinas de Caliente, se planeó la clausura.
De cualquier forma, causó extrañeza que se “rompiera la regla”, que advierte que, ciertos personajes, como los Bustamante Anchondo, además de influyentes, son intocables.
Sin embargo, el hermetismo con que se maneja el tema, tanto de parte de la autoridad, como de los protagonistas, genera mayores especulaciones.
Sería más o menos sencillo, con el expediente en la mano, señalar las irregularidades, que dieron lugar a la clausura. Como dicen, con “los pelos de la burra en la mano”.
Las referencias genéricas, son como las verdades a medias. No se alcanza a distinguir, en qué parte es verdad, y en qué parte mentira.
Y entonces, estando en marcha el proceso electoral, el tema adquiere tintes políticos. Aparece como un enfrentamiento entre el exalcalde Bustamante Anchondo y el actual Alcalde, Astiazarán Orcí.
Total, si el exalcalde incurrió en irregularidades, pues que se le sancione. Que se advierta que en lo sucesivo, ya no se tolerarán actos de influyentismo.
Porque llama la atención, que salvo esta clausura, a Bustamante no se le ha tocado, “ni con el pétalo de una rosa”.
Los temas de Bustamante, que huelen a corrupción, excesos o irregularidades, son muchos. La del XX Ayuntamiento, ha sido la gestión municipal que ha acumulado, más “notas malas”.
Lo del casino, ya había trascendido, que era irregular. Que no obstante que hay un decreto del gobierno estatal, para impedir la apertura de centros de juego, los últimos trámites de su casino, los realizó en la última semana de su gestión administrativa.
El asunto de la demolición del edificio de la cárcel de la 8. La autorización de instalación de carteleras publicitarias, en predios públicos y el tema más candente, el de las luminarias, que sigue generando controversias. Si en realidad, ya se acabaron los tratos especiales para los influyentes, adelante. Que no sea esto un simulacro.