Tijuana, B. C., 14 de mayo de 2017 (GT).- La equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas no es solo un compromiso mundial, sino que tiene un efecto multiplicador para lograr la sustentabilidad, al ser la mujer buena administradora del ingreso familiar y al aportar su organización para la supervivencia de las comunidades campesinas.
Así lo destacó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que más que un concepto altruista, la equidad de género es la vía para que una comunidad sea sostenible, y si las campesinas logran la sustentabilidad en sus microcosmos, seguro podrían lograrla en una escala mayor de globalización.
Recordó que en septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, planteándose 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –siendo el objetivo cinco la igualdad de género– y 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
“Se busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”, afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según información del PNUD, agregó Zavala Álvarez, en materia de equidad de género hay avances extraordinarios, pues más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años y las mujeres constituyen hoy el 41 por ciento de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35 por ciento en 1990.
Explicó que en la sociedad mexicana, el trabajo de las mujeres y niños, con mayor relevancia en el campo, se ha desarrollado como “trabajo familiar”, por lo que, en conjunto, todos los miembros del grupo familiar suman sus ingresos, contrario a la legislación actual, que considera delito el trabajo de menores de edad.
“Las mujeres en el campo mexicano son las administradoras del ingreso familiar, con una mejor visión de conjunto y de las necesidades individuales de los integrantes, con una elemental y muy simple estructura de supervivencia, basada en dos variables: visión y fortaleza, lo que las convierte en pilares y agentes de cambio”, opinó el director del CIGA.
También, añadió, cuando la tierra no alcanzó, la mujer emigró a la ciudad, buscando la educación como factor de movilidad social, sin que el hombre pueda aún asimilar plenamente los “nuevos” arreglos derivados de tal empoderamiento, arreglos que no son nuevos, sino que se retoman y tienen ahora un discurso que enmarca a esas formas de ser y de hacer.
“La mujer, campesina especialmente, ha sido y es capaz de lograr la sustentabilidad en un microcosmos, un reto aún indescifrable en la teoría y academia, seguro lo puede hacer en la escala mayor de la globalización, apuesto a que sí; dice la sabiduría popular que con la mujer en el gobierno nunca hubiéramos llegado a la luna, pero no habría hambre en el mundo, aquí se encierra y sintetiza la oportunidad para retomar el rumbo”, sostuvo.
Hoy, explicó José Carmelo Zavala, retomamos la arquitectura de casas y pueblos viejos y la llamamos “infraestructura verde”; hoy llevamos nuestra propia bolsa al mercado y lo pensamos como “innovador”, cuando esto lo hacían los abuelos; hoy parecen novedad los huertos urbanos y familiares, una histórica y práctica realidad en el campo mexicano y ¿quién ha estado a cargo? la mujer.
“Las protagonistas del campo migran a la ciudad y ahora en macetas o parcelas de un metro cuadrado aplican los conocimientos de siempre para producir sus alimentos, así la organización y administración de la mujer campesina desde hace mucho trabaja en la sustentabilidad, aunque sin un discurso que lo publicite o celebre”, finalizó Zavala Álvarez.
Dentro de los 17 ODS, hay metas para la igualdad de género como eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual; asimismo, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.