Tijuana BC 6 de septiembre de 2015 (GT).- Después de una larga discusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal decretó como “constitucional” el artículo 69 –B de Código Fiscal de la Federación, mismo que estipula un procedimiento para verificar la emisión de facturas falsas derivadas de operaciones inexistentes, hecho que conllevará una gran problemática a los usuarios, como a los emisores de las mismas.
Lo anterior mencionó el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona., quien señaló que el Poder Judicial de la Federación al resolver un sinnúmero de amparos decretó que a su criterio dicha norma no violentó los principios de audiencia, libertad de trabajo y protección de datos personales.
Asimismo los aspectos de irretroactividad de la ley, presunción de inocencia, legalidad, y el Artículo 22 constitucional por tratarse de una pena infamante y desproporcional, es decir no existe violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 69-B de Código Fiscal de la Federación prevé un mecanismo para corroborar que las operaciones entre contribuyentes se hayan llevado a cabo y en el supuesto contrario decretar que fueron operaciones simuladas, situación que sucede muy a menudo entre los vendedores de facturas.
“Actualmente tenemos un grave problema en el país con los vendedores de facturas, los cuales le hacen creer al contribuyente que podrán reducir su base gravable bajo esta práctica y por consiguiente pagar menos impuestos, lo que incurre en el delito de defraudación fiscal ”, expresó.
Precisó que lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dejar un precedente para que la autoridad fiscal vaya tras los vendedores de facturas y sus usuarios de una manera más ágil, “situación que deberá de hacer pensar a varios contribuyentes que han utilizado erróneamente dichas estrategias fiscales”.
Por último el abogado hizo un llamado a las personas que han incurrido en esta práctica, a tener en orden sus comprobantes fiscales, pues el Servicio de Administración Tributaria ahora tiene el visto bueno de nuestro máximo tribunal en el país para actuar.