Tijuana, B. C., 12 de marzo de 2017 (GT).- Las agresiones a inspectores y la quema de varios vehículos oficiales por pescadores de Sonora el miércoles, son resultado de una sordera que no permite a la Semarnat retroalimentarse del sentir social y de la no transparencia en la aplicación de compensaciones ante las prohibiciones de pesca.
Así lo remarcó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que en la protección de especies como la vaquita marina en el Golfo de California, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha visto rebasada y la reciente prohibición de pesca de curvina agotó la paciencia de pescadores.
“La Semarnat cumple en abril dos años de ejercer mil 300 millones de pesos para salvar a la vaquita marina, inversión que en vista de los resultados parecería hasta un derroche; el secretario Rafael Pacchiano no puede estar satisfecho, porque no solo quedan 30 vaquitas, sino que explotó la violencia, que no se justifica, pero que se explica por el hartazgo de la comunidad y la incapacidad para la gobernanza”, enfatizó.
Agregó que la Semarnat ha sido incapaz de cumplir la instrucción precisa del presidente Enrique Peña Nieto de proteger especies como la vaquita, prohibir la pesca clandestina y aplicar compensaciones para mitigar los impactos en la economía local, pero no hay certidumbre de la justa distribución de las compensaciones ni transparencia en su manejo.
“La violencia del miércoles pasado era una violencia anunciada, autoridades estaban advertidas, muchos actores sociales comunicaron el descontento y pusieron en duda la justa distribución de las compensaciones para no pescar, no se avanzó en la reconversión o transformación de la economía local ni se ha combatido la pesca clandestina de totoaba; prohibir la pesca de curvina fue la gota que derramó el vaso”, explicó.
Zavala Álvarez opinó que la lección de la vaquita evidencia la necesidad de transformar a la Semarnat en la Secretaría para el Desarrollo Sostenible, con una estructura burocrática más ligera, pero con un fuerte peso político en la toma de decisiones, capaz de articular políticas públicas transversales en la lógica de las tres variables del desarrollo sustentable: economía, sociedad y medio ambiente.
Añadió que el fracaso de la Semarnat se dio en Sonora, donde hace muy poco el manejo del derrame minero de Cananea no dejó satisfecha a la comunidad y opinó que si en últimos meses la Semarnat se ha aislado de la ciudadanía, es porque en abril del 2016 desmanteló a los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), con los que por más de 20 años tuvo la mejor y más estructurada organización de participación social.
“Ser monitores de alerta temprana de conflictos socio-ambientales era la más modesta de las útiles funciones de los CCDS, pero este rol es el que más molestó a los funcionarios de Semarnat, los agotó y, sensibles al bochorno de la crítica pública, han preferido no convocar a los CCDS, desviando recursos públicos convenidos internacionalmente con la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en otras actividades”, criticó.
Cabe recordar que, según notas periodísticas, el miércoles 8 de marzo, en la región del golfo de Santa Clara, en Sonora, pescadores inconformes con la decisión del gobierno federal de prohibir la pesca de curvina, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto una solución, afirmando que tanto la vaquita marina como ellos están luchando por sobrevivir.
En esas mismas notas periodísticas se confirma que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal en contra de un grupo de pescadores, acusándolos de atacar a 10 inspectores federales, quemar varios vehículos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y robarse una lancha asegurada.
Asimismo, que los pescadores justificaron el ataque por la falta de emisión de permisos de la Semarnat para realizar la actividad pesquera en esa región, pues apenas una semana antes supieron que sin Manifiesto de Impacto Ambiental quedaba prohibida la pesca en el área natural protegida del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Zavala Álvarez reiteró que hoy la transparencia y la rendición de cuentas no pueden darse sin la efectiva y oportuna participación social, además de que ante la escasez de recursos, las alianzas de gobierno y sociedad son vitales para multiplicar las capacidades, por lo que los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable no se debieron desmantelar.
Recordó que no solo existía un Consejo nacional y seis regionales, sino uno en cada estado, donde democráticamente se elegían representantes de siete sectores: indígenas, jóvenes, académicos, empresarios, organizaciones civiles, género y ambientalistas, pero esto no supo valorarlo la Semarnat porque el alcance de sus atribuciones legales la dejan corta para responder a los CCDS.
“La Semarnat no es el interlocutor válido para liderar el desarrollo sustentable, no pudo responder a las necesidades de articular políticas públicas transversales que salvaran de la extinción a la vaquita marina y esta incompetencia institucional incendió el Golfo de Baja California; la violencia detonó en la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo, que debería ser un santuario de esperanza para la biodiversidad”, finalizó.