Tijuana B.C. 26 DE 2016 (GT).-La actividad de las corporaciones policíacas debe ser realizada por profesionales en la materia, con conocimiento de la situación real del municipio y su entorno, expresó el especialista en derecho penal Álvaro González.
Señaló que el punto de partida para la identificación de mecanismos y acciones concretas para afrontar la problemática delictiva, requiere de datos duros e información real sobre incidencia delictiva y sus consecuencias e impactos en la sociedad.
“La inseguridad es un problema estructural y multifactorial que resulta de la combinación de circunstancias como la falta de crecimiento económico y de las desigualdades sociales, la poca credibilidad por parte de la sociedad en las instituciones; así como la ausencia de consecuencias jurídicas para los actos delictivos que quedan impunes.
Los factores mencionados generan un círculo vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad desalienta la inversión, frena el crecimiento económico, profundiza el desempleo e incrementa la desigualdad económica, lo que a su vez aumenta la actividad delictiva”, declaró.
El especialista, destacó que en Tijuana más del 90 % de los delitos cometidos son del fuero común, es decir que compete al estado su investigación y al municipio la prevención.
Refirió que según datos del INEGI en México se cometen 22 millones de delitos y en 92% de ellos no se interpone una denuncia ya que según informes del mismo instituto existe desconfianza ante las autoridades, lo que trae como consecuencia que el 98% de los delincuentes no sean castigados a pesar de que a nivel nacional se gastan 150 mil millones de pesos en el combate a la inseguridad.
El 69% de los mexicanos se sienten inseguros en la entidad federativa en la que residen y es por ello que existe un vínculo estrecho entre la reforma penal del 2008 y el restablecimiento de la paz social donde la policía mantiene el papel estelar, indicó.
Consideró que la autoridad municipal no debe perder la visión de otros delitos que son de su competencia y aunque ciertamente hay un problema de homicidios y delitos de alto impacto, el grueso de la delincuencia no está ahí.
Según datos del INEGI, agregó, a nivel nacional de los 22 millones de delitos que se cometieron el año pasado el 53% fue por el delito de robo en cualquiera de sus modalidades, que es lo que afecta día a día a los Tijuanenses.
Manifestó que si se suman los delitos de robo y contra la salud el porcentaje se eleva al 80%, lo que refleja que el alto índice en el consumo de drogas nos habla sobre la falta de programas de prevención de consumo de estupefacientes y de centros de atención; añadió que la opacidad del gobierno para atender este delito y el incremento del consumo de drogas es el principal factor de la delincuencia.
“Desde un punto de vista académico estoy consciente de la enorme responsabilidad que tienen las autoridades para atender la problemática que representa la inseguridad pública en Tijuana, para hacer frente no sólo a estos hechos violentos sino cumplir con las tan mencionadas reformas constitucionales.
Aunado a todo esto los ciudadanos debemos estar conscientes que al igual para lograr un cambio radical será necesario sumar esfuerzos siendo partícipes en la prevención del delito; para alcanzar este propósito hay que transitar sobre una nueva política pública, por la seguridad y justicia de los tijuanenses ante este cambio histórico del sistema penal mexicano”, concluyó.