Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 26 de julio de 2015 (GT).- Hay dichos populares, que dicen verdades verdaderas. O sea, que son más que evidentes. Que no dejan lugar a dudas. Que se tienen como ciertas, aunque los aludidos juren que son meras leyendas urbanas.
Como aquella de que “el que parte y reparte, se queda con la mayor parte”, que es casi similar a la de que “hay quienes, se sirven con la cuchara grande”. No pues sí.
Los trámites burocráticos, son muy engorrosos. Y la mayoría de los funcionarios públicos, que los autorizan, que dan el “Vo.Bo”, son miopes, sordos y corruptos. Por eso cuestionan, ante una gestión : ¿y yo, qué leo? O bien : “No veo claro”.
Pero, cuando se trata de un asunto personal, esos mismos funcionarios, son ágiles y generosos. Aunque estén impedidos legalmente para ello.
“Como muestra, basta un botón”. Aunque en el caso a analizar, se trata de varios “botones”.
Fue el 22 de noviembre del 2013, 8 días antes de que concluyera la gestión del XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezada por el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo. Un viernes, a las 6:00 de la tarde.para ser más precisos.
En sesión extraordinaria de Cabildo del XX Ayuntamiento, como si el problema de la proliferación incontrolada de anuncios espectaculares, en Tijuana, no fuese escandaloso, autorizó 72 concesiones para utilizar áreas públicas, a 8 empresas.
El slogan de la administración de Bustamante, era el de “una ciudad con orden”, pero en materia de espectaculares, dejó todo un desorden. Más que irónico.
El 3 de mayo del 2013, en sesión de cabildo del XX Ayuntamiento, se señaló que : “en materia de anuncios y rótulos, existe una cartera vencida, que asciende a los 1,400 anuncios que no cuentan con el permiso pertinente para su instalación y operación”. Brotaban como hongos por toda la ciudad, ante la complacencia e incapacidad de las autoridades municipales.
A fines de enero del 2014, Ana lilia Loaiza Martínez, Directora de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento, señaló, ante los integrantes de la Asociación de Periodistas de Tijuana, que en ese entonces había unos 800 espectaculares, y que solamente 14 empresas se habían acercado a regularizarse. Eso muestra, en qué condiciones dejó Bustamante la ciudad, en esa materia.
Por eso, no justifica, ni explica, el hecho de que 8 días antes de concluir su gestión, haya otorgado 72 concesiones, para instalar espectaculares, en predios de dominio público.
La razón, fue práctica y sencilla. Los Ledesma Romo –Eduardo, Miguel y Arturo- se posicionaron fuertemente en el Partido Verde Ecologista de México, y Miguel, cuyo negocio principal ha sido el uso o explotación de carteleras, aprovechando la alianza PRI-PVEM, había negociado ser el Síndico Procurador en la planilla priísta para el XXI Ayuntamiento, encabezada por Jorge Astiazarán Orcí.
Bustamante se había friccionado con Miguel, pues a principios del 2013, le clausuró 3 espectaculares, instalados sin permiso alguno. Temía que siendo Síndico Procurador, en el siguiente Ayuntamiento, lo trajera “lázaro”, esculcando en su gestión administrativa, para fincarle responsabilidades.
Entonces, empezó a operar, para que retiraran a Miguel de la planilla de Astiazarán. Y lo logró, entrando al relevo su hermano Arturo, y fue entonces que, para limar asperezas con Micky, 8 días antes de concluir su período de gobierno, autorizó a los Ledesma Romo 17 concesiones, a nombre de la empresa Anuncios e Imagen, S.A. de C.V., en cuyo capital social, ostenta una acción el actual Síndico, Arturo Ledesma Romo.
Pero al final de cuentas, eso no es precisamente el problema. El hecho es que una de las 7 empresas beneficiadas, lo fue la denominada Publicyr, S.A. de C.V., cuyos socios lo eran el propio Alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, y su hijo, Carlos Bustamante Aubanel. En su favor se otorgaron 9 concesiones para instalar espectaculares en vía pública.
Lo delicado del asunto, es que Bustamante Anchondo, hizo efectivos los dos dichos populares citados. Aquellos de que “el que parte y reparte, se queda con la mayor parte”, y lo de que “hay quienes, se sirven con la cuchara grande”.
Y además, al otorgar las concesiones, que benefician a la empresa de su propiedad y de su hijo, violentó las dispociones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, que, entgre otras cosas, en el artículo 46, del Capítulo I, relativo a las Obligaciones y Prohibiciones del Servidor Público, advierte, que el funcionario público no puede obtener o pretender obtener, beneficios adicionales a las contraprestaciones que por ley le corresponda por el desempeño de su función, “sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Como Alcalde, al concesionar a favor de su empresa, espacios en la vía pública, para instalar espectaculares, Bustamante podría ser procesado por el delito de peculado, que se sanciona con varios años de cárcel y multa. Todo, por servirse “con la cuchara grande”.
A menos que al Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, le tiemble la mano.