Tijuana, BC 18 de marzo de 2016 (GT).- Aquellos contribuyentes que enviaron la contabilidad electrónica antes del 17 de marzo, como marca la autoridad fiscal, tienen 15 días a partir de esa fecha para solicitar un amparo, en caso contrario quedaría totalmente desprotegido, y perderá cualquier posibilidad de acceder a ese recursos, por lo que tendrá que enviar su contabilidad mes a mes.
Lo anterior afirmó el asesor financiero, C.P.M.I J. José Guerrero Guerrero, durante la reunión quincenal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) que preside el C.P.C. José Manuel Ramírez Robles, en la que explicó que los contribuyentes que no se amparen, tendrán que esperar que la disposición fiscal cambie para ingresarlo nuevamente.
Durante la exposición, en la que hizo referencia a la contabilidad electrónica tanto en el aspecto fiscal como al legal, indicó que lo que debe cuidarse “es que el contribuyente sepa qué información se debe enviar a la autoridad, cuándo y cómo se debe de enviar, pero sobre todo que el contribuyente sepa que tiene la posibilidad de presentar un amparo”, expresó.
A través de dicho amparo, destacó, el contribuyente podrá ponerse en contra de la disposición, y en dado caso que un tribunal le resuelva a favor, no enviaría la contabilidad electrónica a la autoridad fiscal mes con mes.
El especialista mencionó que al estar en contra de una resolución fiscal, se debe tomar en cuenta la parte legal, la cual en el Artículo 16 Constitucional estipula que no podemos ser molestados en varias situaciones, una de ellas habla de los papeles de trabajo, es decir, la contabilidad.
En ese sentido, Guerrero Guerrero explicó que cuando la autoridad le requiere al contribuyente mes a mes la contabilidad electrónica, le está pidiendo papeles como si fuera a auditarlo, y entre otras repercusiones, el parámetro fundamental es que estaría violando el artículo anteriormente señalado.
Finalmente, mencionó que en muchas ocasiones los contribuyentes no se asesoran correctamente, lo que hace que los balances de los estados financieros y las balanzas de comprobación generadas por el contador y que son enviadas a la autoridad no sean correctas, lo que podría ocasionar multas, auditorías e incluso retiro de créditos y pago por información mal registrada y enviada a la autoridad fiscal.