Tijuana B.C. 3 de febrero de 2017 (GT).- Las leyes emanadas para hacer funcionar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) están siendo utilizadas a favor de la delincuencia, y es tiempo de replantear algunos de sus ordenamientos, mencionó el especialista en derecho penal Ȧlvaro González.
Refirió que el NSJP buscó dentro de su gama de beneficios despresurizar los centros penitenciarios y se tomó como medida acotar el catálogo de delitos graves con el propósito de finalizar con un problema de seguridad nacional.
Al referirse a que ha dejado de ser delito grave la portación de armas exclusivas del ejército, armas largas, bazucas y granadas, señaló que es preocupante, ya que el bien jurídico tutelado de la prohibición de este tipo de armas es la paz social y que sólo personal del ejército puede portarlas para hacer respetar la soberanía y la seguridad del país.
“Toda ley emanada en sentido estricto debe ser beneficiosa para la comunidad, más aún en los temas de seguridad pública y paz social. Ante tal situación el Juez de Control está obligado a encontrar una medida cautelar para evitar la prisión oficiosa, ya que en el sistema tradicional la regla era la cárcel, hoy es la excepción y por la exigencia social del famoso mito que se encontraba gente en las cárceles por no poder interponer una fianza de unos cuantos pesos tenían que estar recluidos y salía más caro para el Estado mantenerlos encarcelados que liberarlos.
Sin embargo en muchas medidas desde mi punto de vista particular hay un desequilibrio. Hoy en día cualquiera puede portar un arma de esta clase sabiendo que las consecuencias legales no serían fatales sino la sola exhibición de una fianza o alguna otra medida cautelar que el Juez considere necesaria dependiendo de la persona que se esté juzgando”, declaró.
El especialista opinó que el NSJP está muy por debajo de la expectativa y hasta ahora está siendo más de beneficio para la delincuencia que para la ciudadanía, y que es momento de que se regrese al catálogo de delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del ejército, ya que está dejando libres hoy a los que mañana pudieran cometer delitos como secuestro homicidio o asaltos.
“Es bien sabido que la portación de este armamento está prohibido por la Ley General de Armas y Explosivos, pero como mencioné no constituye un delito grave. Esta ley en mención otorga el beneficio de posesión de ciertos calibres menores correlacionado como un derecho constitucional para domicilios o en algunos casos especiales su portación.
Sabemos que las armas de alto calibre son utilizadas por la delincuencia organizada, es una falla del legislador que se haya acotado como delito grave. Estamos a merced de aquellas personas que se dedican al crimen organizado y que circulen estas armas sin que exista un fundamento jurídico que los recluya en centros penitenciarios y si a esto sumamos que el modo de traslado de este sector de la población es en vehículos irregulares conocidos como chocolate, que en su gran mayoría son robados pero que el NSJP ordena que solo aquel que acredite la propiedad legal podrá reportarlo robado; por un lado el ciudadano tiene una perdida en su patrimonio y queda amarrado de manos”, finalizó.