Tijuana B.C. 21 de septiembre de 2016 (GT).- La seguridad pública es la base para medir la calidad de vida en una sociedad por eso mismo se requiere una reestructuración de los cuerpos policiales, opinó Álvaro González.
El abogado penalista y doctor en derecho, dijo que con motivo de los últimos sucesos violentos y la entrada en vigor hace apenas unos meses del NSJP, hoy es una realidad que se pone a prueba a todos los operadores de este proceso y descansa en primer término el éxito de tan mencionadas reformas en las corporaciones policíacas.
Expresó que hoy más que nunca urgen nuevas políticas públicas, que permitan que la fortaleza de la policía se centre en su capital humano apostando en su preparación científica, táctica y jurídica de tal manera que se fomente la ideología de que la carrera policial es un atractivo para que los jóvenes se incorporen a ella y no sólo la búsqueda de un empleo más con atractivas prestaciones; así mismo agregó que no se puede juzgar a todo el actual cuerpo de policía, ya que muchos de ellos actúan con gran esfuerzo y con limitadas herramientas jurídicas.
“La seguridad pública es un derecho humano que está siendo vulnerado, Tijuana exige el derecho a la paz social, salir con nuestras familias al trabajo, de paseo o simplemente a la vía pública, con la plena seguridad que no seremos violentados en nuestra integridad y por esto tienen que velar los encargados tanto de la prevención del delito como aquellos que lo persiguen y no exista un ambiente de impunidad”, manifestó.
El especialista en derecho, añadió que el papel que desempeña la policía en este nuevo sistema penal cuya columna vertebral es el respeto a los derechos humanos y el principio de inocencia sin olvidar la protección a las víctimas y que todo esto conlleva al debido proceso dentro de un esquema de un sistema penal rigorista que invita a ese primer eslabón que es en este caso la policía municipal que por lo regular son los primeros respondientes.
“Alejarlos de las viejas prácticas y vicios en el procedimiento son ejemplos básicos para que lleguen a cumplir cabalmente con su primer función que es la prevención y como segundo factor el buen actuar apegado a derecho en caso de intervención en la detención de los probables responsables sin olvidar que deben de contar con todos los programas de prevención e inclusión ciudadana”, señaló.
Indicó que en este contexto el NSJP obliga a los ayuntamientos se persiga la restauración de la relación policía-sociedad; que esta última se vea reflejada en la policía que posee y que la adopción de un marco normativo como el de policía, sea respetuosa de los derechos humanos y efectiva en su actuar en todos los sentidos y pueda contribuir significativamente en restaurar la paz social, en este sentido el tema de transparencia en este nuevo proceso penal se convierte en factor clave para regresar la confianza en la policía.
Consideró que nuestros cuerpos policiacos juegan una parte medular en la paz social, además de que son parte de la reforma constitucional, es menester del gobierno municipal transformar y entregar un cuerpo de policía profesional y capacitado ante la exigencia de un NSJP tan rigorista que además de jurídica y táctica tiene tintes científicos.
“La constitución mexicana es muy clara y ordena que la policía promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, estoy convencido que el respeto a estos derechos básicos no contraviene al restablecimiento de la seguridad pública en absoluto.
En la estrategia que se debe de seguir para combatir a la delincuencia se tiene que tomar como premisa que las autoridades cuenten con los diagnósticos de incidencia delictiva y en qué zonas se cometen al igual lo podemos encontrar como mandato constitucional a tan mencionadas reformas, estos datos duros advertirán el alcance que tienen las actividades ilícitas y por otra parte de un diagnóstico certero se podrán asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel de gobierno”, declaró.