Tijuana B.C 21 de julio de 2016 (GT).- A partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y el código nacional de procedimientos penales han surgido varios cuestionamientos acerca de su efectividad, opinó Álvaro González.
El abogado penalista y doctor en derecho, mencionó que tomando como premisa la falta de información y difusión hacia la ciudadanía ha sido complejo para todos los actores que integran las partes del proceso.
“Los abogados por un lado estamos obligados a la constante actualización jurídica y al desarrollo de la retórica para el buen ejercicio del litigio y así proporcionar la adecuada defensa hacia nuestros patrocinados, por otra parte el poder judicial haciendo lo propio donde por primera vez en la historia el juez está presente en todo momento de las etapas actuando como un órgano vigilante del sano desarrollo de cada etapa procesal, donde el constituyente atinadamente provee de nuevas herramientas jurídicas a los juzgadores una de ellas el de exhortar al estudio y destituir del asunto a aquellos abogados que no demuestren la capacidad”, expresó.
Al hablar del poder ejecutivo representado por los agentes del ministerio público, refirió que estos que han sido nombrados fiscales han demostrado inconformidades pues se les disminuyó de manera significativa su coto de poder en la etapa integradora, es decir durante las 48 horas que tenían como plazo para realizar la averiguación previa.
Y se rompió además con su monopolio del ejercicio de la acción penal, donde ahora el ciudadano en el catálogo de delitos previstos en la ley podrá ejercer dicha acción ante los órganos jurisdiccionales sin necesidad de acudir al ministerio público.
“La fiscalía ha tenido avance en muchos de sus elementos reflejado en la práctica del NSJP donde se ha visto un cierto avance en su desempeño, ahora bien iremos al punto más sensible que son las corporaciones policiacas, ahora su desempeño va más allá del número de delincuentes que serán capturados y sancionados, en ese contexto con apego en las nuevas leyes de la materia la prioridad es la prevención y velar por los intereses de las víctimas. Es precisamente este tema la directriz del Nuevo Sistema de Justicia que fue uno de los motivos rectores que originaron las reformas constitucionales en materia de justicia penal, penitenciaria y derechos humanos. En el transito del cambio la sociedad tiene que verse favorecida en la tutela de sus derechos humanos y no como sucede hoy en día en la mayoría de los casos que a causa de su actuar desapegado a la legalidad resulta ser el eslabón más débil para que los jueces desvanezcan las acusaciones contra los delincuentes, y da como resultado un indebido proceso manchado de vicios policiales e institucionales trayendo como consecuencia la impunidad”, manifestó.
Consideró que es preocupante que los oficiales no realicen detenciones por miedo y por desconocimiento de la nueva legislación, y que no entiendan factores mínimos como la flagrancia.
Debido a esto, agregó, el número de detenciones ha bajado considerablemente y las libertades que se han dado es por no saber desarrollar correctamente técnicas jurídicas y científicas.
Dijo que en ese sentido organizaciones como Causa Común, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano, entre otras, exigieron puntos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno como garantizar a los ciudadanos que todos los policías tengan la capacidad, así como los titulares sepan y puedan actuar frente a la comisión de un delito y como premisa se solicitó una efectiva implementación del desarrollo policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y mejorar el acceso, calidad, oportunidad y transparencia de la información en lo relativo a la implementación del sistema en las policías.