Tijuana B.C. 8 de septiembre de 2016 (GT).- Partiendo de la premisa de que la seguridad pública es la base para medir la calidad de vida en una sociedad, hay que conocer y aplicar las nuevas tendencias de seguridad pública y la aplicación de justicia entorno al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), señaló Álvaro González.
El especialista en derecho penal, mencionó que básicamente con motivo de las últimas reformas que ha tenido nuestra Constitución Federal, se deberá velar por la tutela de la seguridad pública como uno de los derechos humanos fundamentados para lograr la paz pública, y así poder ejercer las medidas correctivas necesarias de forma contundente y efectiva con aquellos gobernados que transgredan la ley.
“En nuestra ciudad, los principales problemas que han surgido son la aparición de nuevos grupos o células de delincuencia organizada; aunado a la falta de liderazgo en los cuerpos policiacos, corrupción, fallida preparación para judicializar los asuntos penales y las amenazas de las que son víctimas los servidores públicos honestos. Así como las aterradoras cifras de homicidios dolosos originados por la lucha frontal que día a día libran los grupos criminales organizados, solamente en Tijuana en el mes de agosto fueron 59 personas asesinadas que se suman a los 550 homicidios en lo que va del 2016”, expresó.
Consideró que en el caso particular del delito de homicidio la prevención es una tarea difícil por parte de las autoridades encargadas de dichas tareas, ya que es imposible tener un oficial en cada recinto, en cada morada y vigilar que no existan dichos casos tan lamentables.
La solución a mediano plazo es que las autoridades encargadas de la preservación de las escenas de los crímenes obtengan la preparación jurídico científico para no contaminar los vestigios hallados, de tal suerte que el cuerpo de periciales entreguen los resultados encontrados sin vicios al fiscal, con tal coordinación se busca que estos delitos no queden impunes y una vez llevados ante un juez no obtengan la libertad por fallas de forma, es decir por vicios en el procedimiento lo que veremos mucho en este nuevo sistema tan garantista.
Indicó que de la preservación de la cadena de custodia y el respeto a los derechos humanos de los imputados y de las víctimas se juega el éxito del NSJP y que la coordinación no sólo se refiere a que entre autoridades se comuniquen para establecer puntos de control, operativos o verificar nombres de manera interinstitucional, sino que cada corporación desarrolle bien su tarea sin ánimos de protagonismo.
“Los pasos para restablecer la paz social atendiendo a las nuevas tendencias de derechos humanos frente a las reformas constitucionales relacionadas con la materia de seguridad pública y paz social son la implementación de un órgano en materia de seguridad pública, un proceso de capacitación jurídico científico y táctico para las corporaciones y que éstas a su vez sean retribuidas por su trabajo; infraestructura para su sano desarrollo desde un laboratorio pericial a la altura de Tijuana, una comandancia en la zona Este, y en mi punto particular no puede existir ninguna estrategia que sea exitosa si no hay un estudio del panorama que vivimos acompañado de proyectos sociales de impacto. Al implementar en conjunto estos 4 pasos se armoniza la sociedad al incluirlas en el proceso de combate a la delincuencia”, opinó.
Álvaro González, dijo que finalmente es importante mencionar que todos los proyectos de seguridad pública para combatir la delincuencia tanto en su prevención e investigación deberán de estar en armonía con las nuevas tendencias del derecho, puesto que bastantes instrumentos jurídicos con que hoy contamos quedaron obsoletos desde la operación del NSJP.
Declaró que la enorme responsabilidad de nuestros gobernantes es atender la problemática que representa salvaguardar la seguridad pública y que se tenga la visión de modernizar y hacer más eficientes los programas y acciones policiacas; y para lograrlo será necesario que las policías así como las procuradurías sumen esfuerzos y hagan partícipe a la ciudadanía de la prevención del delito y fortalecer a nuestro cuerpo policial. Para alcanzar este propósito hay que transitar sobre una nueva política pública, por la seguridad y justicia de los tijuanenses.