Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 23 de agosto de 2015 (GT).- Deplorable escena, protagonizada por funcionarios ensenadenases y de Playas de Rosarto, por el añejo problema de los límites territoriales. Un asunto, de estricto derecho, convertido en un vulgar pleito callejero.
Cual si fuesen dos bandos de mafiosos, peleando por el control de una plaza. Una escena ridícula, grotesca, vulgar, retrógrada, ilegal, en la que impera la fuerza bruta.
Policías ensenadenses, sometiendo a funcionarios de Playas de Rosarito a base de empeñones, bravatas y amenazas, que a su vez se defienden, sacando las uñas y enseñan los dientes, listos para agredir a sus agresores. Una escena propia de perros y gatos.
¿Y quienes son los responsables de todo esto? Son varios, con intereses de índole partidista.
El Alcalde priísta ensenadense, Gilberto Hirata Chico, jefe de los policías agresores.
El Alcalde panista de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis.
Cada uno, por su lado, “gruñendo y ladrando”, para intimidar al rival. Tratando de demostrar que uno u otro, son más poderosos.
Todo por un asunto de inderos, en los que está a discusión, si un poblado está dentro de los límites de uno u otro municipio.
Un asunto que se debe dirimir, por la vía legal, lo llevan al terreno de los hechos, a gritos y sombrerazos y lo convierten en un asunto policiaco.
Independientemente de la poca capacidad de razonamiento de ambos Alcaldes, su desconocimiento sobre cuestiones legales y sus posturas radicales partidistas, los principales responsables de este conflicto lo son los integrantes de la Legislatura Estatal, que tienen el asunto en sus manos, desde hace meses.
Irónicamente, no se atreven a emitir una resolución, por simples interses partidistas. Tanto como resolver a favor del PRI o a favor del PAN. Los ciudadanos de la zona, no cuentan.
Al menos, lo que deberían hacer, los flamantes legisladores, es deslindar la zona en conflicto y emitir una declaratoria, declarando que las autoridades de ambos municipios, carecen de autoridad para reclamar supremacía.
Que en tanto se “pinta la raya” que deslinde a ambos municipios, los pobladores de Santa Anita, serán atendidos por la autoridad de uno u otro municipio, temporalmente.
Que el hacer los deslindes, en caso de no favorecer a Ensenada o Playas de Rosarito, transferirán a favor de uno u otro, lo recaudado.
El reconocer como válidos, los trámites realizados ante el gobierno, que al final de cuentas no resulte favorecdido. La resolución, a favor de uno u otro, no debe afectar en nada a los pobladores.
Pero resulta absurdo, que el ensenadense Hirata Chico, sabiendo del conflicto, envie fuerzas policiacas a tratar de imponer su autoridad sobre funcionarios menores de Playas de Rosarito, a base de fuerza bruta, cuando carecen de facultades para ello. No solamente porque no es un asunto policiaco, sino jurídico, sino porque los alcances de sus facultade no pueden trascender los límites municipales.
Afortunadamente, quizás por la distancia, las fuerzas policiacas de Playas de Rosarito, no llegaron a tiempo al sitio del conflicto. Con tan poco nivel o capacidad de razonamiento, el enfrentamiento hubiese sido a base de balazos.
Pésimo ejemplo. ¿Para qué sirve el orden jurídico?
Cualquiera de las dos partes, puede intentar el inicio de un juicio político, en contra de la otra, alegando abuso de autoridad y el exceder los límites territoriales.
Ahora resulta que Santa Anita, es un pueblo sin ley. Carece de gobierno cierto. Desconoce a qué autoridad acudir en reclamo de auxilio. Condiciones ideales, para que los delincuentes hagan de las suyas.
Corresponde pues, a la autoridad estatal, intervenir, pero no para efectos mediáticos. No para que poseen, para la foto, sino para efectos legales y en especial de autoridad.
Reclamar a los legisladores, que hagan su trabajo, a fin de que resuelvan el conflicto en el menor tiempo posible. Con fundamento y apego a constancias, para evitar que se judicialice.
El gobierno estatal, debe reforzar su presencia en la zona. Con personal administrativo y con fuerzas policiacas.
Los partidos políticos, PRI y PAN, al final de cuentas, directa o indirectamente, los “patrocinadores” de este conflicto, frenar a sus respectivos Alcaldes. Llamarlos a la cordura y a la sensatez.
Lo peor que puede ocurrir, es que los gobernantes, traten de hacer valer la ley de la fuerza bruta, creando desconcierto y un pésimo ejemplo para la convivencia social.
Vivir, como perros y gatos, es un severo retroceso. Que lamentable.