Raúl García Salguero
Tijuana BC 24 de noviembre de 2015 (GT).- Cuestiones técnicas y sociales que no se tomaron en cuenta al autorizar la siembra de marihuana, no consideraron que la inseguridad y los delitos los comenten individuos bajo los influjos de drogas, y debemos estar en alerta sobre los riesgos de que se incremente la violencia en todas sus expresiones, consideró la presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Catalina Salas Bravo.
En entrevista, después de terminar la reunión de este sábado a la que no acudió el delegado del Infonavit, Alejandro Arregui, por atender agenda en la Ciudad de México, Salas Bravo dijo que al autorizar la siembra de marihuana y con ello prever incremento en adictos a las drogas, se agrava porque no hay políticas públicas de salud para atender a los drogadictos.
“Discutimos el tema en el Colegio, varios miembros han sido jueces calificadores y ministerios públicos, y coincidimos que la fuente del delito tiene que ver con esta parte de la drogadicción, y genera violencia intrafamiliar, robos domiciliarios, de vehículos, en la vía publica”, señaló la abogada.
Agregó que además el problema de las drogas genera una carga social que atienden los centros de rehabilitación, que es otro tema porque lucran con el dolor, y cometen violaciones a los derechos humanos porque no tienen control sanitario”.
La presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas dijo que los centros de rehabilitación son un negocio redondo, además de recibir dinero del Gobierno federal por ser asociaciones civiles, a la vez piden dinero a familiares de los internos para poder rehabilitarlos, y en algunas ocasiones extremas los ponen a trabajar.
Hay ingresos de las tres partes y no hay control y no vemos una política de salud basada en indicadores que nos diga cuántos adictos hay en México y atender la grave política de las adicciones; sí faltaron elementos de estudios sociales al aprobar esa resolución sobre la marihuana.
Finalmente, Catalina Salas dijo que próximamente tendrán elecciones de mesa directiva del Colegio de Abogados Constitucionalistas, y acordaron que en los primeros quince días de diciembre se constituirá la comisión electoral por tres personas, y se emitirá la convocatoria para tener nuevo dirigente en enero de 2016.