Aún no hay sanciones contra los funcionarios

Orfis debe dar opiniones técnicas sobre 175 cuentas públicas

Raúl García Salguero

Tijuana BC 13 de octubre de 2015 (GT).- El auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Manuel Montenegro, dijo que su responsabilidad es dar opiniones técnicas sobre 175 cuentas públicas, pero que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado es la que dictamina y no tiene conocimiento de alguna sanción a funcionarios públicos.

Al asistir como invitado especial a la reunión del Grupo 21, que preside Hernaldo Ríos Navarrete, dijo que el presupuesto anual es de 189 millones de pesos para 2015, que tiene una estructura de 320 auditores, “y ya estamos trabajando para buscar una independencia presupuestal, ya que dependen de la voluntad del ejecutivo y el Congreso”.

Agregó: “Vamos a buscar la independencia presupuestal, tenemos autonomía de gestión y autonomía técnica para hacer la fiscalización y revisiones sin influencias, sin ningún poder, pero falta se le asigne un porcentaje de recursos en relación al monto que maneja el Ejecutivo del Estado y así saber lo que se tendrá para el siguiente año de si te lo dan o no”.

Indicó que son 175 cuentas las que revisan anualmente, incluyendo dependencias de los tres poderes, entidades autónomas y paramunicipales, que cuentan con 320 auditores, y que ya se modificó la ley, por lo que en caso de ser necesario pueden llamas a exfuncionarios que ya no están en el cargo.

Del problema de las luminarias en Tijuana, dijo que aún no hay dictamen porque “está por bajar a más tardar el 15 de noviembre a la Comisión de Fiscalización, se abordará sobre la cuenta pública del 2013 de la administración que encabezó el presidente Carlos Bustamante”.

Aclaró: “El Orfis ya dio su opinión técnica y no puedo adelantar información, pero confirmó que el exalcalde sí presentó una denuncia contra la empresa Sola Basic”.

Precisó: “Mientras no se apruebe la cuenta pública del 2013 del Ayuntamiento de Tijuana, no puedo hablar, pero sí les anticipó que si hubo una denuncia de parte alcalde, bastarán contra la empresa por incumpliendo, y lo malo es que no los hubieran hecho y ahí sí habría responsabilidad mayor”.

De los temas como las denuncias del secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, y de Desarrollo Social, Ricardo Magaña, está en investigación porque son sobre la cuenta del 2015, “y desde que salen a la luz pública les demos seguimiento, pero no podemos informar porque está en proceso”.

Finalmente dijo que fue nombrado por siete años y para cambio o remoción se requieren de las dos terceras partes del Congreso, asimismo que sea una causa grave, “por ello ni el gobernador ni los diputados lo pueden retirar de la responsabilidad que ejerce”.

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