Tijuana, B. C., 23 de enero de 2017 (GT).- Es positivo que los más de 70 mil bajacalifornianos que se manifestaron contra la Ley del Agua en Baja California hayan logrado su abrogación, dado que violentaba derechos de la ciudadanía, pero debe retomarse el tema en un nuevo proyecto de ley que sí sea justo, humano y que sea resultado del consenso, para atender los retos que tiene nuestro estado.
Así lo sostuvo José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que fue un acierto que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid haya escuchado la voz ciudadana de quienes defendieron una causa justa, pero ahora debe trabajarse incorporando a la participación ciudadana en un nuevo proyecto para lograr entre todos un manejo y uso eficiente del agua.
“Es hora de trabajar en una nueva ley, en foros u otro espacio de participación ciudadana, para taparle las fugas al barril roto antes de ponerle más agua; necesitamos unirnos sociedad, gobierno e iniciativa privada para darle forma y permitir un manejo y uso eficiente del agua, con profesionales a cargo, para cero fugas y cero descargas al mar”, enfatizó.
Sin escuchar ni aceptar los argumentos en contra y para posible mejora, añadió Zavala Álvarez, el gobernador se sintió apabullado por 70 mil bajacalifornianos y aunque al aprobar la iniciativa de la Ley de Agua se dijo cierto del actuar responsable de su gobierno y de los diputados, terminó por derogarla, sin ganar credibilidad por no estar informado de las áreas de oportunidad de mejora en el texto de la iniciativa aprobada.
“Flaco favor le hicieron los diputados al no discutir y mejorar el texto, al no representar el interés de sus votantes, de sus distritos y los 70 mil les refrescaron la memoria, pero ahora ¿qué sigue? hacer foros o consultas para dar forma a un texto colectivo puede ser agotador y difícil llegar al objetivo; 70 mil nos dieron la muestra, mientras que la sociedad organizada, los grupos intermedios, se quedaron parcialmente en el camino”, opinó.
No todos los organismos empresariales, agregó, tienen procesos democráticos y transparentes, a veces reflejan el interés del dirigente en turno y quedan cortos de la necesidad social, otras veces son reactivos o coyunturales; una alianza de grupos sociales, profesionales y empresariales permitiría que la participación sea informada, oportuna, efectiva e incida en las políticas públicas.
“Una ley elaborada colectivamente en tiempo y forma es un arduo trabajo, ¿cómo concretar el éxito de la manifestación pública, cumpliendo la expectativa?, ¿quién lo puede hacer? Se requiere una metodología de trabajo que permita la discusión incluyente, participativa y que llegue en un tiempo razonable a un texto aceptable, ¿quién convoca?, ¿quién goza de confianza y credibilidad?”, cuestionó.
Zavala Álvarez añadió que entre los retos principales de la nueva ley, está garantizar el derecho humano al agua, dado que esto tiene lecturas diferentes para argumentar a favor y en contra, pero un derecho humano no puede someterse a criterios económicos o a un pago en menos de 90 días, en todo caso pueden establecerse mínimos de consumo garantizados por la ley.
Asimismo, continuó, la nueva ley llegó en un momento inoportuno, en un contexto de alzas presionado por recortes federales y la ley incluía un proceso “automático” para actualizar las tarifas del agua cada año, lo cual era sin duda algo amenazante para la ciudadanía, que quedaba indefensa; también hablaba de un cobro de carácter “fiscal” que no estaba claro si implicaba la posibilidad de embargo o la intervención en cuentas bancarias.
“En la ley abrogada faltó atender también la certidumbre de abasto por la fragilidad eventual del acueducto en un terremoto, recordemos que estamos en una zona sísmica y esa no es una posibilidad remota; la Presa Rodríguez como almacén aguanta un año aproximadamente, y la presa López Zamora en Ensenada vale también como almacén y para uso recreativo”, comentó.
La certidumbre en el abasto, cuestionó, ¿pasa necesariamente por desalar con osmosis inversa o hay otras opciones por etapas menos costosas?, ¿valdría la pena una línea de tiempo para esta toma de decisiones?, ¿compiten la oferta del acueducto y la desaladora?, ¿el gobierno estatal debe darle certidumbre a la inversión público privada en la desaladora en contra del interés público y compromisos en la operación del acueducto?
Otro tema, remarcó el director del CIGA, es el agua morada que aún no cuenta con infraestructura suficiente para su reúso; hoy es un absurdo descargar al mar el agua tratada y 5 kilómetros al sur sacarla con mucha más salinidad, claro, para pasarla por osmosis inversa, parece una lógica ausente de inteligencia, ¿por qué no una inversión comparable con cero descarga?
“Necesitamos cero fugas, un tema no ponderado en la inversión, pero ¿Cuánto cuesta un metro cúbico por segundo de agua producida desde osmosis inversa y cuánto cuesta llegar a cero fugas del metro cúbico por segundo que hoy se pierde en las redes de distribución? También podría apoyarse la rentabilidad de la desaladora en la exportación, pero es un tema sensible por el impacto ambiental de la salmuera de rechazo, así que debe discutirse y aceptarse por la comunidad, con transparencia”, finalizó.