Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 15 de junio de 2015 (GT).- Tradicionalmente se ha dicho, que el trabajo legislativo, se hace sobre las rodillas, para observar que los flamantes legisladores, sean federales o estatales, no estudian los proyectos de reformas o iniciativas de ley, sino que de última hora se las pasan y apenas si alcanzan a apoyarse en las rodillas, para estampar su firma. Y peor aún, es común que, aunque no las hayan leído previamente, simplemente levantan la mano, para aprobarlas.
Este método o práctica “legislativa”, que ya parecía superada, se aplicó en la reforma electoral aprobada por la Legislatura de Baja California. Incluso, se dice que varios diputados reclamaron, porque no les entregaron previamente los proyectos, que desconocían. Apenas un día antes fueron aprobados en comisiones.
Así es que, aunque lo nieguen, la reforma electoral fue aprobada sobre las rodillas. Pero claro, previamente negociada por los coordinadores parlamentarios. Si el coordinador hacia una seña, como muestra de aprobación, los legisladores de su fracción manifestaban su adhesión.
Así mismo, resulta evidente que los legisladores, los encargados de hacer leyes, de reformarlas o derogarlas, no saben nada de derecho y por lo tanto desconocen los principios generales. Muchos de ellos, ostentan título de Licenciado en Derecho, porque efectivamente cursaron estudios superiores para ello, pero lo hicieron simplemente para tener un status social.
Si bien es cierto, que los proyectos de reformas, los elaboran sus asistentes o secretarios técnicos, y en muchos casos, son simples copias de leyes federales, o de leyes locales de alguna entidad federativa, la mayoría de tales burócratas legislativos, carecen de experiencia en materia de derecho y no alcanzan a percatarse de los errores o excesos en que incurren.
En principio, dos cosas destacan de esta reforma. Establecieron un “candado”, para evitar que quienes en años recientes desertaron de algún partido político, no traten de aprovechar la figura de los candidatos independientes, para irse por la libre, en busca de una posición.
El “candado” consiste, en establecer, que no podrán ser candidatos independientes, quienes hayan renunciado a algún partido, menos de 3 años antes de la elección. Evidentemente, esto está etiquetado, para bloquear al expanista Héctor Osuna Jaime, quien contendió contra Kiko Vega por la candidatura a la gubernatura estatal y luego de su fracaso abandonó el PAN en el 2014. La intención, es que no contienda en los comicios del 2016.
Sin embargo, los legisladores, desconocedores del derecho, seguramente no saben de la existencia del principio de irretroactividad de la ley, o sea, que ninguna nueva ley puede tener efectos retroactivos, en perjuicio de persona alguna. Esta restricción, será aplicable a partir del inicio de su vigencia, pero no a Osuna Jaime, por haber renunciado hace un año al Partido Acción Nacional.
El otro tema, un tanto más complejo, en cuanto a su alcance y aplicación, es el de la equidad de género. En la reforma político electoral federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Febrero del 2014, se estableció la obligación, para los partidos políticos, de designar candidatos a Senadores, diputados federales y locales, en base a la equidad de género, o sea 50% mujeres y 50% hombres.
En ese aspecto no hubo problema, pues son varias las posiciones en juego. Sin embargo, a los flamantes legisladores bajacalifornianos, se les ocurrió aplicar la equidad de género, en las candidaturas a alcaldes, y observando que siendo 5 los municipios que integran la entidad, acordaron que los partidos deberán postular al menos 2 candidatas a Alcaldesa, en los municipios en que deseen hacerlo.
Esto, obviamente fue impulsado por las diputadas, quienes con eso pretenden garantizar la posibilidad de contender por la alcaldía del municipio en que residen. Dicen, que las legisladoras panistas, Mónica Bedoya, Rosa Isela Peralta y Rosaba López Regalado, así como Irma Martínez Manriquez, del Panal, y Laura Torres, del PRI, presionaron, hasta que se salieron con la suya.
Curiosamente, el resto de legisladores cedieron y aprobaron por unanimidad la propuesta, que implicará que, por obligación legal, los partidos políticos postularan candidatas a alcaldesa, al menos en dos de los cinco municipios de Baja California. Y a la mejor le toca a alguna de ellas.
Desconocedoras del derecho, no se percataron que propuesta en ese sentido, además de que rebasa el alcance de la equidad de género, establecida en la reforma electoral federal del 2014, que contempla solamente las candidaturas a Senadores, legisladores federales y locales, es violatoria de derechos políticos de quienes residan en los municipios en los que los partidos postulen candidatas a alcaldías, tan solo en base la reforma local, aprobada la semana pasada.
Bastaría que cualquier político, hombre obviamente, reclamara la violación a sus derechos políticos, y por las vía del amparo, demandara la protección de la justicia federal, a fin de cumplir sus aspiraciones para contender como candidato a alcalde en los comicios del 2016, y se quedara sin efectos la restricción en comento. Todo, por legislar sobre las rodillas.
Sin desconocer o subestimar, las condiciones de desigualdad social en que han vivido durante años las mujeres, resulta aberrante que ahora, aprovechando su posición de legisladoras, hagan una ley a modo, que les garantice la asignación de candidaturas a alcaldesas. Indudablemente, “se sirvieron con la cuchara grande”. Ganonas, pues.
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