Tijuana BC 25 de noviembre de 2016 (GT).- “Ya no habrá aquello de si quiero o no, y si puedo o no; los Alcaldes y Gobernadores que no apliquen el nuevo Sistema Nacional de Seguridad serán sancionados administrativa, política y hasta penalmente”, advirtió el diputado federal Jorge Ramos Hernández, destacando que trasciende a rango constitucional el modelo que funcionó en Baja California durante el trienio 2007-2010.
Invitado a la sesión ordinaria del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), que preside la C.P.C. Araceli Guzmán Ibarra, el legislador federal y ex alcalde de Tijuana celebró que el Senado de la República acaba de aprobar por unanimidad la iniciativa presentada por él y la bancada panista en el Congreso de la Unión.
“Eso habla de que hay un buen consenso de todos los partidos, y ya solo falta que la Comisión de Seguridad Pública que presido dictamine la minuta, para que pase a ser decreto constitucional, lo que nos enorgullece porque se va a replicar en todo el país lo que ya funcionó en nuestro estado”, enfatizó Jorge Ramos.
Con estas reformas se hace obligatoria la coordinación de todas las fuerzas policiacas, incluyendo la intervención del Ejército y La Marina patrullando las calles, instalando puestos de vigilancia y retenes, y sobre todo, que se obliga a los tres órdenes de gobierno a la suficiencia presupuestal para seguridad pública.
El diputado federal precisó que las sanciones administrativas son infracciones o hasta recorte a ciertos presupuestos; políticas, porque pueden retirarse mandos policiacos, por decisión del Consejo de Coordinación; y penales si se detecta mala administración, desvíos o peculado en el manejo de los recursos destinados a la seguridad pública.
Lamentó el invitado del Colegio de Contadores que “el Presidente Enrique Peña Nieto dice que la seguridad pública es su prioridad, pero eliminó 2 mil millones de pesos del presupuesto 2017 para la prevención del delito”; y a nivel local, el alcalde Jorge Astiazarán no ha asistido a seis reuniones de coordinación del Consejo de Seguridad.
Las reformas logradas fueron las siguientes: un nuevo Sistema Nacional de Seguridad, facultades al Ejército y La Marina para intervenir en la seguridad interior, autonomía de Asuntos Internos en las policías de los 3 órdenes, y que la PGR tenga una instancia para combatir la vinculación del crimen organizado con las áreas de seguridad pública.
Además hubo un transitorio en la iniciativa de ley para garantizar la suficiencia presupuestal en cada entidad federativa del país, de tal manera que no haya pretextos para no combatir la delincuencia, subrayó Jorge Ramos, recordando que él destinó el 33 por ciento del presupuesto del XIX Ayuntamiento de Tijuana a la seguridad pública.
Esas reformas impactaron en seis artículos constitucionales: el 21, 73, 76, 115, 116 y 123, y habrán de definirse protocolos al estilo del Plan DN III, para que en cualquier sitio donde se requiera se active de inmediato la coordinación policiaca, y que la intervención del Ejército y La Marina no se mantenga indefinido, como en Tamaulipas, donde ya llevan 7 años operando en las calles.
Ramos Hernández lamenta que Tijuana ocupa nuevamente el segundo lugar de inseguridad pública, después de Acapulco; que se abandonó el modelo que funcionó en su tiempo, se dejó de “limpiar” las corporaciones y está entrando mucha droga y subiendo de tono el imperio de la delincuencia.
Por eso, concluyó, urge que entren en vigor las reformas citadas; y por su parte, la C.P.C. Araceli Guzmán Ibarra coincidió en que los grupos de la sociedad civil deben involucrarse más, fomentar más la cultura de la denuncia, y aplaudió las reformas en las que se aumentará sueldos a policías, y se combatirá de fondo la corrupción.