Tijuana B.C. 18 de agosto de 2016 (GT).- Entre los factores preponderantes para el próximo gobierno municipal está el alcanzar una cultura de la prevención del delito y estado de derecho en la sociedad tijuanense para disminuir en el corto y mediano plazo los índices delictivos de criminalidad, mediante el empleo de todos los recursos humanos y materiales de la institución, señaló Álvaro González.
El especialista en derecho penal dijo que con ello se podrá lograr que en el largo plazo la ciudad sea modelo a seguir en materia de seguridad, prevención del delito, justicia y respeto de los derechos humanos no tan sólo en el marco teórico aplicado sino además en lo práctico.
Al participar como invitado en la reunión semanal del Club Rotarios que preside Gerardo Brizuela, comentó que generar y obtener la confianza de la sociedad en la institución debe ser el factor preponderante para el gobierno municipal entrante, así como la principal del gobierno federal y estatal mediante elementos con una vocación de servicio y sólida formación que contribuyan a que la ciudadanía viva en condiciones que promuevan el desarrollo integral de la sociedad dentro del estado de derecho donde la inclusión ciudadana sea tema fundamental.
“Urge reformar los ordenamientos legales municipales, con el fin de que guarden armonía con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y justicia. A nivel nacional la raíz de las reformas constitucionales de Junio de 2008 cambiaron las bases y sentaron una directriz del nuevo marco jurídico, de tal suerte que el municipio de Tijuana necesita empatarse tanto con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como adecuar los protocolos operativos para que no caigan en contradicción con el NSJP”, manifestó.
En temas de seguridad pública, añadió, es vital integrar a la sociedad por medio de representantes y líderes de opinión, se evalúe y proponga estrategias preventivas; ya que el reclamo ciudadano es que se otorguen objetivos claros y precisos del futuro de nuestra sociedad, para recuperar los espacios públicos y reducir los índices delictivos y devolver la paz pública .
Expresó que la prevención del delito descansa en la cooperación con la sociedad, en enfocarse en atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias, pues es un tema de querer hacer bien las cosas, de atender a las familias, a los jóvenes y no sólo apagar fuegos.
Álvaro González, agregó que con esta premisa se logrará una nueva etapa generacional de nuestra sociedad, de tal manera que los espacios para esparcimiento de la ciudadanía con diferentes actividades, el rescate de áreas públicas con seguimientos de programas sociales son sin duda la mejor medicina para Tijuana.
“Inhibir la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza se enfrenta como premisa mayor y es con transparencia; solo así seremos una ciudad modelo y exitosa procurando la tutela de los derechos humanos, eficaz en la prevención del delito e intervención ante la comisión del delito” declaró.
Consideró que en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad los principales problemas que han surgido en las últimas dos décadas y que repercuten en obstaculizar la reforma constitucional, concretamente respecto a las nuevas atribuciones que otorga a los cuerpos policiacos, han sido la progresiva aparición de grupos o células de delincuencia organizada, la falta de liderazgo en dichos organismos policiales municipales, los sobornos y las amenazas de los que son víctimas los servidores públicos, así como las aterradoras cifras de decesos originados por esta lucha frontal que día a día libran contra estos grupos criminales organizados.
“Es de suma importancia tener conocimiento como ente público-democrático, de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en el ámbito del derecho, de los retos y sobretodo de la adecuación del sistema anterior al nuevo, para no caer en el rezago y salir avantes ante las trabas burocráticas y legales, ya que las corporaciones policíacas y el propio gobierno no han sabido adecuarlo, ello ha propiciado un distanciamiento entre la policía y la ciudadanía, ocasionando que sus instrumentos jurídicos de prevención del delito y combate al crimen se hayan tornado obsoletos”, finalizó.