Por : Gilberto LAVENANT
No tienen vergüenza. Bueno, por algo son políticos.
El conflicto surgido en el Valle de San Quintín, por la grosera y descarada explotación de trabajadores agrícolas, puso en el “ojo del huracán” al gobernador panista Francisco Vega de la Madrid, porque al menos uno de sus cercanos colaboradores, es señalado entre los patrones explotadores.
Se trata de Manuel Valladolid Seamanduras, Secretario de Fomento Agropecuario del gobierno estatal y tío de Antonio Valladolid, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
Los líderes de los jornaleros agrícolas, relacionan al citado funcionario estatal con las compañías Valladolid y Aragonés y las refieren entre los 12 ranchos en donde mantienen a sus trabajadores en condiciones de esclavitud.
Por cierto, también señalan a otro panista, Antonio Rodríguez, de quien dicen se ostenta como compadre del expresidente Felipe Calderon.
Rodríguez, es el antecesor de Valladolid en la Secretaría de Fomento Agropecuario y es propietario del rancho Santa María de Los Pinos, quien colaboró en la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Es obvio que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, conoce la forma de operación de ambos. Por lo tanto, es evidente que los solapa y protege. En caso contrario, de haberse enterado ahora que estalló el conflicto en el Valle de San Quintín, debió cesar en forma fulminante al titular de Fomento Agropecuario.
Funcionarios federales, enterados de esta situación, lo comentaron al columnista, autor de Palco de Prensa, un tanto apenados, al percatarse que tanto Valladolid como Rodríguez son encubiertos por Kiko Vega.
Los líderes de los jornaleros, afirman que son al menos 12 las empresas en las que tratan como esclavos a sus trabajadores, entre ellos, Driscoll, trasnacional de origen estadounidense, Los Pinos, de los Rodríguez, Agrícola Camalú, de la familia Silva, Rancho Valladolid, de Manuel Valladolid Seamanduras, Secretario de Fomento Agropecuario, Rancho de los hermanos García, de Camalú y Rancho Castañeda, propiedad del delegado municipal de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros.
Se observa que los explotados inhumanamente son unos 35 mil. En su mayoría “enganchados” en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
La llamada rebelión de los trabajadores agrícolas, que desde hace varios días se registra en el Valle de San Quintín, estalló porque se cansaron de la explotación y la nula intervención de las autoridades para frenarlo.
Kiko, aunque conoce perfectamente a dos de los patrones explotadores, hace como que ni los conoce, aunque uno de ellos, Valladolid Seamanduras, es uno de sus principales colaboradores.
Y parece que esto “es mal de familia”.
A raíz del rescate de un grupo de tarahumaras, explotados en el Valle de Santo Domingo, cual si fuesen esclavos, trascendió que familiares de Vicente Fox, operan en Baja California Sur, 6 ranchos, con una extensión de 40 hectáreas cada uno.
Definitivamente, los panistas aprovecharon al máximo los dos sexenios gobernados por Fox y Felipe Calderón, para explotar jornaleros agrícolas.
Hoy, muchos se hacen los sorprendidos, aunque en realidad hayan estado enterados desde años atrás.
Los diputados panistas, por ejemplo, siempre dispuestos a señalar “la paja en el ojo ajueno”, se hacen los disimulados. Ni siquiera un exhorto han propuesto, para que el Gobernador Kico Vega combata la esclavitud.
Aunque tampoco lo han hecho los priístas, quienes apenas han desatado una andanada de declaraciones, pero sin mostrar el mínimo intento de viajar a San Quintín, para investigar las causas del conflicto y exigir solución a la vejación y explotación de los jornaleros.
Seguramente, a unos y a otros, les ha de dar flojera intervenir en este asunto. Sobre todo, temor a que los agredan física o verbalmente.
El problema es mayúsculo. Se dice que hay más de 70 mil trabajadores agrícolas, de los cuales más del 50% ni siquiera está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Desesperados, bloquearon la carretera Transpeninsular en algunos puntos, impidiendo el paso de viajeros nacionales y extranjeros, así como los camiones con legumbres y frutas, lo que ha colapsado la economía de la región.
Absurdamente, las autoridades, en lugar de responder a los reclamos, utilizó la fuerza pública para someter a los rebeldes.
Urge, que se forme una comisión ciudadana, que recorra los diversos ranchos y verifique las condiciones en que operan, exigiendo que acabe la explotación. De otra forma, los explotadores, entre ellos los panistas, seguirán practicando la esclavitud.
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