Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 16 de julio de 2015 (GT).- La fuga de El Chapo, para fortuna de algunos políticos bajacalifornianos, surtió el efecto de un enorme distractor, porque desvió la atención de la ciudadanía.
Tal hecho, trascendió precisamente cuando el Cabido de Tijuana, manifestaba la intención de “quemar en leña verde” al exalcalde priísta, Carlos Bustamante Anchondo y a varios colaboradores, por el controvertido tema de las luminarias, un asunto extremadamente desaseado.
Pero quien mayormente resultó beneficiado, fue el gobernador panista, Kiko Vega, pues no sentía lo duro, sino lo tupido, ante el surgimiento de filtraciones que evidenciaban que su administración, se está equipando para espiar a los bajacalifornianos.
Solamente eso nos faltaba. Como si estuvieran cumpliendo cabalmente con sus funciones, ahora resulta que dedican tiempo, esfuerzo y recursos, para meterse a los espacios privados de empresarios, profesionistas, estudiantes, amas de casa y en especial de políticos.
Sin duda alguna, tratan de enterarse, en forma directa y de primera mano, qué es lo que piensan los bajacaifornianos, respecto a funcionarios tan malos. Que pregunten, y lo sabrán. Aunque ya lo han de imaginar. En las redes sociales, principalmente, abundan señalamientos y críticas, nada halagadoras, sobre el kiquismo.
Molesto por la insistencia sobre este tema, Kiko Vega, instruyó al titular de la Contraloría Estatal, que indagara sobre la presumible contratación de empresa extranjera experta en hackeos. Un símil de lo que hizo Peña Nieto, al pedirle al titular de la Secretaría de la Función Pública, que investigara el asunto de la “Casa Blanca” y determinara si es que se incurrió en conflicto de intereses.
Obviamente, nunca un colaborador, va a investigar realmente al jefe y revelar el resultado de la supuesta indagatoria. Los pueden acusar de cualquier cosa, menos de tontejos.
Como el anuncio de la indagatoria a cargo del contralor, no surtió efecto alguno, Kiko ordenó a su Secretario General, Francisco Rueda, al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Antonio Valladolid, y a la Oficial Mayor, Loreto Quintero, que citaran a conferencia de prensa y manifestaran que, revisada la documentación, no encontraron nada respeto a los hackers, presuntamente contratados. Que se los crea su abuela.
Distraído que es, el Gobernador olvidó que los políticos, son los menos dignos de fe. Que nadie cree en lo que dice un político, y que, en la mayoría de los casos, lo que declaran, se tiene que tomar en sentido contrario. Si dicen que no, es que si. Y si dicen que si, siendo cierto, es que son cínicos. Por eso no son confiables.
Ningún político puede pecar de honesto y decir la verdad. Confesar que ha cometido latrocinios o que han participado en situaciones como las que se comentan, lo del espionaje, que revelen que huzmean en los sistemas informáticos de los bajacalifornianos. Aunque digan la verdad, nadie les cree.
Aunque, eso de que se cuelgan de los teléfonos, para escuchar y grabar conversaciones privadas, no es nada nuevo. Durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, por deslices, y no por muestra de sinceridad u honestidad, reconocieron que tenían equipo para escuchas telefónicas. Cuando el escándalo aquel, surgido por el hecho de que un empleado de Comunicación Social, remitió a periódico capitalino, el contenido de charla telefónica.
Obviamente, los protagonistas de dicha charla, los priístas Enrique Acosta Fregoso y Eli Topete, se escandalizaron. Denunciaron los hechos ante la PGR, pero nunca se supo que se haya investigado, ni que se sancionara a alguien. Incluso, los supuestos ofendidos, guardaron silencio y ya no insistieron en el tema.
Ahora resulta que ese equipo ya desapareció y las autoridades estatales hacen como que nunca existió. Con tal cinismo, es sumamente sencillo negar que hayan contratado los servicios de los hackers extranjeros.
Habría qué preguntar, qué papel desempeñan en todo esto, los legisladores estatales, encargados de autorizar presupuestos y vigilar el gasto público. En especial los integrantes de la Comision de Fiscalización del Gasto Público y que tienen como importante auxiliar al llamado Organo de Fiscalización Superior, que utilizan para castigar o intimidar a funcionarios que no se someten a sus deseos o exigencias.
En un verdadero estado de derecho, el Orfis ya estaría, afanosamente, auditando a todas las instancias de gobierno, para deslindar y fincar responsabilidades. De entrada, ya hubiesen ordenado al Jefe del Ejecutivo Estatal, o sea al Gobernador, que separara del cargo a los funcionarios involucrados, para que no entorpecieran las indagatorias.
Cuando afirman que no tienen nada ver con los hackers, no se les puede creer, porque no han seguido el protocolo para ello.
No se les puede creer, precisamente porque son políticos, y un principio básico de todo político, es mentir. Sería raro que estos panistas fuesen la excepción.
Así es que, digan lo que digan, los bajacalifornianos deben cuidar sus conversaciones o el contenido de sus sistemas informáticos, porque hay “pájaros en el alambre” y son azules. Individuos perversos que hacen, lo que tanto criticaron. Como dice Pancho Barrio, antes les podían gritar ¡corruptos! A ls priístas. Ahora se abstienen, no por respeto o decencia, sino por temor a morderse la lengua.