Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 24 de agosto de 2015 (GT).- En todo tema controvertido, siempre hay dos partes. Y siempre habrá quienes estén, a favor de una u otra. Y si no se tiene la información completa, relativa al asunto, cualquier comentario o alusión, se llega a considerar, como manifestado para favorecer a alguna de las partes en particular. Aunque esto no sea cierto.
Pero, cuando surge la controversia, hay autoridades facultades para dirimirla o resolverla. El problema es cuando tal autoridad, no asume su responsabilidad y deja que las cosas se lleven, primero, al terreno de la especulación, y luego, al enfrentamiento directo entre las partes.
La Constitución General de la República, en el numeral 17, advierte claramente que : “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
En el caso del conflicto surgido por los límites de los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, se da una especie de violencia, cuando el gobierno municipal de Ensenada, envía a sus fuerzas policiacas, a atender un conflicto de índole constitucional.
Y es de índole constitucional, en cuanto a que surge, por errores o fallas en la creación de los municipios, que es cuando se definen los límites territoriales de estos. Por la fecha de creación, Ensenada es primero, luego surge Tjuana y posteriormente Playas de Rosarito.
Para determinar quien tiene la razón y el derecho, se deben remitir a los decretos de creación de los municipios y pedir la intervención de peritos, que revisen los términos de los límites de cada uno, mediante un procedimiento que se debe llevar a cabo ante la Legislatura Estatal.
La Ley del Regimen Municipal para el Estado de Baja California, precisa claramente, en el numeral 26, que : “Las controversias que se susciten respecto de los límites territoriales, entre dos o más Municipios, serán resueltas por el Congreso del Estado, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado de Baja California, modificando en su caso, el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California”.
Y es sabido, que este conflicto está en manos de los Legisladores, desde hace bastante tiempo. Pero, evidentemente, por intereses partidistas, no se atreven a emitir una resolución. En todo caso, no han advertido, que este asunto sea de una complejidad tal, que no es fácil resolverlo.
En tanto no han argumentado nada a su favor, para tratar de justificar su tardanza, o torpeza, los responsables de todo lo que ocurra, en torno a este conflicto, son los legisladores locales. Ya es tiempo, que representantes de ambos municipios, los enfrenten y exijan una resolución.
Y si estiman que esto tardará tiempo, al menos deben emitir una declaratoria, que implique una especie de resolución temporal.
Que se precise, que en tanto se resuelve esto, las autoridades de uno u otro municipio, tendrán jurisdicción sobre la zona en disputa, a fin de advertir al gobierno del municipio que, temporalmente, no haya sido beneficiado, que se abstenga de realizar cualquier acto de autoridad en la misma.
Pero todo indica, que el zafarrancho surgido el fin de semana, se debió a que el alcalde de Playas de Rosarito, Silvando Abarca Macklis, designó un delegado municipal en Santa Anita, cuando que ya existía un funcionario de rango similar, pero del gobierno municipal de Ensenada. El funcionario designado por Silvano, pintó un aviso del gobierno ensenadense, sin importarle que vigilaban policías municipales del puerto.
Entonces, ambas partes, midieron fuerzas. Los policías, procedieron a detener a los funcionarios de Macklis, que incluso parece ser fueron sometidos a proceso penal, como presuntos responsables del delito de daños, como cualesquier malandro, y pudieron recuperar su libertad, mediante el depósito de una fianza.
En principio, el gobiero estatal intervino atinadamente, al llamar a los alcaldes de ambos municipios, a un pacto de paz y un posible arreglo civilizado. Pero se quedó corto, porque no mandó llamar a los responsables del conflicto, o sea a los legisladores locales, para urgirlos a resolver el asunto, antes de que sea demasiado tarde.
Si bien es cierto, que las rivalidades partidistas de los citados alcaldes, dificultan la posible resolución, Gilberto Hirata Chico, el Alcalde ensenadense, es priísta, y Silvano Abarca Macklis, el Alcalde de Playas de Rosarito, es panista, los gobierna un panista, Kiko Vega, y ambos partidos, PRI y PAN, están representados en la Legislatura Estatal. Ya es tiempo de jalar orejas a todos.
Eso de que se agarren, como perros y gatos, no es buen ejemplo para nadie. Además de ridículo, es absurdo y se arriesgan a incurrir en actos y hechos de consecuencias lamentables.
Los respnsables de todo esto, lo serán los legisladores locales, a quienes la legislación les asigna la tarea de resolver los conflictos territoriales como el suscitado entre Ensenada y Playas de Rosarito.
Y dado el nivel en que se encuentran, deben considerar como una acción de emergencia, el convocar a una reunión para tomar las medidas correspondientes, en tanto se dicta la resolución que en derecho corresponda. Que dejen de ser meros observadores.