Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 24 de febrero de 2015 (GT).-Las autoridades de los tres niveles de gobierno, hacen un alarde espectacular, cuando detienen a uno o varios delincuentes, tanto de los llamados de “cuello blanco” como los relacionados con el crimen organizado. Pero pocas veces se sabe que atrapen a un “pez gordo”.
Esta semana, en una entrevista para el periódico El Universal, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dió su versión personal, bastante tonta, por cierto, respecto del por qué no atrapan a los “peces gordos” de la corrupción, en las estructuras de gobierno.
De entrada, reconoció que no hay “peces gordos” en la cárcel, por corrupción. Y explicó la razón : “porque no hay políticos “tontos” y ellos no son los que firman o llevan a cabo las operaciones”.
Y tiene razón en cuanto a que “no hay políticos tontos”. Nunca, nadie ha dicho eso. Por el contrario, más bien “se pasan de vivos”.
Pero eso de que no están en prisión, porque ellos no firman las operaciones, es una simple vacilada.
Debería reconocerse, que la verdad es que falta voluntad y coraje, para proceder en contra de los políticos corruptos. Se otorgan concesiones, negocian contrataciones al mejor postor, exigen mochadas y desvían recursos, no porque sean muy hábiles para hacerlo, sino porque las autoridades competentes, son ciegas, torpes y perezosas.
Si se trata de solicitudes de juicio político, las guardan y hacen como que van a proceder, pero de pronto se “percatan”, que ya transcurrió el año previsto para fincar responsabilidades administrativas. En aquellos casos, en los que no pudieron aplazar más acciones, inventan recursos, para declararlas improcedentes.
Ahí tienen el caso del exalcalde mexicalense, Francisco Pérez Tejada Padilla. Por supuestos tecnicismos, desecharon la solicitud de juicio político, presentada por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Humberto Zúñiga, y por lo que respecta a la presentada por la dirigente estatal del sindicato de burócratas, Victoria Bentley, están a punto de enviarla al bote de la basura, bajo el argtumento de que si bien es cierto la presentó en tiempo y forma, la ratificó 24 horas después de que concluyó el año para ello.
A los legisladores locales, les vale gorro que se señale que Panchito causó daños patrimoniales al Ayuntamiento de Mexicali, por más de 900 millones de pesos y que es uno de los principales responsables del quebranto financiero del Issstecali.
Regresando con lo de la entrevista del Auditor Superior de la Federación, señala que en los Estados, no existe una independencia de los entes fiscalizadores, pues aunque sean nombrados por el Congreso local, están casi comandados por el Gobernador. Descubrió “el hilo negro”.
Efectivamente, el llamado Organo Superior de Fiscalización, Orfis, depende de la Legislatura Estatal. Es el responsable de fiscalizar las cuentas públicas de todas las entidades de gobierno de Baja California, pero no tiene facultades para denunciar ante el Ministerio Público, presuntos hechos delictivos.
Simplemente, presenta el informe correspondiente ante la Comisión de Fiscalización del Gasto úblico, integrada por unos cuantos legisladores, y si no se aprueban las cuentas públicas, se remiten las observaciones a la Contraloría de Estado, si se trata de una dependencia estatal, o a la Síndicatura Procuradora, del Ayuntamiento correspondiente, para que corrijan, subsanen o solventen, las fallas detectadas.
En la práctica, ni la Contraloría estatal, ni las Síndicaturas Procuradoras, se animan a formular denuncias penales, en caso de detectar daños patrimoniales. En casos extremos, se atreven a declararlos inhabilitados, para ocupar cargos públicos, durante determinado período.
Podría decirse, de manera contundente, que las leyes anticorrupción, de los tres niveles de gobierno, son enormes coladeras, que no atrapan ningún bicho. Así es que, no es cuestión de que los políticos corruptos sean muy listos, o que no sean tontos, sino que la legislación aplicable, son meros espantapájaros, trampas que no atrapan. Se mueren, pero de risa, los pillos.
Pero esto es culpa de todos los involucrados. Empezando por los fiscalizadores, que conocen perfectamente los “hoyos”, por los que huyen las “ratas”, para no ser enviadas a prisión. Bastaría que precisaran y recomendaran a los legisladores, los cambios o ajustes que deben hacer a las leyes, para cerrarles, cualquier punto de escapatoria.
Aunque resulta, que los legisladores, los encargados de hacer las leyes, o reformarlas, de tontos promueven y aprueban, leyes anticorrupción, realmente efectivas y precisas. Nadie se pone “la soga al cuello”. Por el contrario, todos los políticos conjugan a la perfección el verbo tapar : yo te tapo, tú me tapas, él nos tapa, ellos nos tapan, nosotros nos tapamos, etc.
Hace unos días, el Auditor Superior de la Federación, en un extenso informe que presentó al Congreso de la Unión, respecto a la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, el primer año de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, reveló que encontró irregularidades por un monto de 57 mil 721 millones de pesos.
Definitivamente, no se trata de “peces gordos”, sino de ratotas, las que están saqueando al país. Y no se les atrapa, no porque sean muy listas, sino porque no hay voluntad para ello.
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