Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 18 de abril del 2015 (GT).- Muchos bajacalifornianos, se estremecieron y quedaron pasmados, al conocer la noticia sobre el suicidio del Lic. Marco Antonio López Magaña, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura.
Resultaba difícil creer que fuese cierto. Inició su gestión apenas durante los primeros días de noviembre del 2014. Era el titular y representante de uno de los tres poderes que integran al gobierno de Baja California. El responsable de coordinar a los juzgadores, encargados de dirimir controversias en los tribunales.
Quienes le conocían, le identificaban como una persona débil de carácter, pero nunca imaginaron que eso le llevaría a quitarse la vida. Horas antes de su muerte, había asistido al evento de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, en el puerto de San Felipe.
Las autoridades que acudieron a dar fe del cuerpo del presunto suicida, manejaron la información con excesivo hermetismo. No podían creer, cuando lo identificaron, que se tratara de un funcionario tan importante en la entidad.
Seguramente, antes que a nadie, lo informaron al gobernador Francisco Vega de la Madrid. Luego, de manera escueta, lo dieron a conocer a los medios de difusión. Sin embargo, cercaron el inmueble en donde fue encontrado sin vida, para tratar de reservar los detalles.
Resultaba penoso, revelar que el titular del Poder Judicial del Estado, se había privado de la vida. Posiblemente se pensó en dar una versión menos bochornosa, para el aparato de gobierno, pero haber distorsionado los hechos, habría complicado la vida a los miembros de su familia, pues esto ocurrió en su casa.
Hoy, empiezan a surgir las observaciones, para tratar de justificar o identificar las posibles causas de su suicidio. Cuentan, por ejemplo, que constantemente sufría severas depresiones. Confiaba a los cercanos, que padecía delirio de persecución. Que sentía que lo andaban siguiendo.
Un dato especial, es que tenía terror a las alturas. Nunca viajaba en avión, por miedo a morir en un accidente aéreo. Kiko Vega lo invitó a acudir a los eventos de los primeros informes de los cinco alcaldes de la entidad, cuyo traslado sería en avión del gobierno estatal. Pretextos le sobraron, para eludir la invitación.
Resulta difícil aceptar, que quien ostentaba la máxima responsabilidad de vigilar el buen desempeño de los juzgadores en Baja California, tanto civiles como del orden penal, no haya soportado las presiones propias del cargo. Apenas 4 meses en funciones, fueron suficientes para tomar la decisión de quitarse la vida.
Un hecho sumamente delicado, porque en las controversias jurisdiccionales, participan, como actor o demandado, personajes o grupos, con enorme poderío económico o político, que no dudarían en mover todo tipo de “palancas”, o incluso llegar a la intimidación de los juzgadores, intentando lograr una sentencia favorable a sus intereses.
No hay señalamiento alguno, en el sentido de que en su desempeño como magistrado o funcionario judicial de menor nivel, haya incurrido en actuaciones irregulares o indebidas, por simple error involuntario o por presiones. Sin embargo, el suicidio genera dudas. Y especulaciones.
¿Se habrá atrevido alguien a pedirle algún “favor” de cumplimiento obligatorio ?
Lo cierto es que ha tarscendido, que a cuatro meses de haer iniciado su gestión, el cargo, ya le resultaba difícil soportarlo, al grado de que, al menos en dos ocasiones, estuvo a punto de renunciar.
Este fatal hecho, obliga a reconocer, la necesidad de someter a exámenes psiquiátricos, a los juzgadores, para vigilar su salud mental. Tratando de hacer efectivo aquello de “más vale prevenir, que lamentar”.
Hace algunos años, en la Facultad de Derecho de la UABC, zona costa, se vivió el caso de un joven estudiante, que debido a trastornos mentales, mostraba una memoria extraordinaria. Se memorizaba, al pie de la letra, extensos exámenes. A preguntas concretas, daba respuestas concretas. El porcentaje de aciertos, era extraordinario.
Pero tenía un problema. Era evidente que no razonaba y por lo tanto, no sabía sacar conclusiones, al analizar un problema específico.
Sin embargo, la mayoría de los maestros, sabedores de que nunca podría ser capaz de ejercer la Licenciatura, invariablemente le otorgaban altas calificaciones. Lo utilizaban como un reto, y burla, para otros estudiantes, de aparente salud mental excelente, pero de pobre rendimiento al momento de resolver exámenes.
El caso es que el joven, una vez que cursó favorablemente todos los semestres, solicitó le hicieran su examen profesional, para obtener su título. Maestros y autoridades universitarias, pusieron el grito en el cielo. Consideraban aberrante, que ante sus deficiencias mentales, obtuviera el título correspondiente y tratara de ejercer la profesión.
Aquel caso y el suicidio del Magistrado, muestran la necesidad de someter a exámenes psiquiátricos a los juzgadores. Y a muchos otros profesionistas o funcionarios que, padeciendo un trastorno mental, resultan un enorme peligro para la sociedad.
Lo mismo debería hacerse a otro tipo de funcionarios que ostentan cargos de enorme responsabilidad. Por ejemplo, el de gobernador del estado.
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