Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 15 de mayo de 2015 (GT).- Definitivamente, el conflicto de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, no tiene para cuando.
Y no lo arreglan, porque no quieren.
Y no quieren, porque arreglarlo significa meter en cintura a los explotadores, a los amigos, socios y colaboradores del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid.
Sería como pisarse o morderse su propia cola. Atentar contra su propio negocio.
No es mucho lo que piden los jornaleros. Solamente condiciones dignas de trabajo y salarios justos.
Cuando salen a protestar, es porque sus reclamos no encontraron eco en las autoridades de los tres niveles de gobierno. En especial del estatal.
En el ámbito del gobierno federal, el IMSS toleraba que hubiese cientos de trabajadores sin estar afiliados a la institución y por lo tanto, no recibían servicios médicos.
La delegación de la Secretaría del Trabajo, federal, parecía que no existía. Toleraba la explotación, la descarada esclavitud, sin cumplir con las disposiciones marcadas por la Ley Federal del Trabajo. Las instituciones de salud, mucho menos.
Los funcionarios estatales, prácticamente tenían prohibido pararse por ahí. Los agricultores de la zona, son compas o colaboradores del gobernador. Cualquier intromisión, pudiese generar reclamos, chismes y el cese del funcionario responsable. Así ni quien se atreva.
Los patrones abusaban, porque consideraban que estaban “vacunados” ante cualquier intento de reclamo laboral. Contaban con contratos colectivos de trabajo, de los llamados “contratos de protección”, firmados con sindicatos blancos.
Cuando vinieron las protestas, todos los protagonistas y copartícipes de la explotación, se alarmaron, porque su negociazo estaba en peligro del fracaso. Por ello, lo primero que se les ocurrió, fue advertir que personajes ajenos se estaban involucrando, para alterar el orden.
El manejo del asunto, fue meramente mediático, pero en realidad nunca hubo intención, por parte de las autoridades estatales, de acabar los excesos y corregir el rumbo. Ni los patrones mostraron intención alguna de acabar con el esclavismo.
La confrontación se dió entre dos bandos. Por un lado los explotados y por otro los explotadores y sus aliados y socios, el Gobernador y sus amigos.
Los dirigentes de los jornaleros se desesperaron, porque uno era el escenario en el Valle, y otra cosa muy distinta lo que se difundía en los medios periodísticos, generalmente a base de boletínes de prensa, emitidos por el gobierno estatal.
Por ello, llevaron el asunto hasta el Congreso de la Unión y trascendieron las fronteras.
El gobierno federal, considerando la gravedad de las cosas, comisionó a Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobernación. El funcionario detectó de inmediato, que ahí “había gato encerrado”. Que los principales responsables de ello, eranlos funcionarios estatales, por desatención, negligencia y complicidades.
Miranda Nava, identificado como “el bombero” de la administración de Peña Nieto, anunció que regresaría 15 días más tarde. En lugar de dar respuestas a los reclamos, deslindó al gobierno federal de este asunto e hizo hincapié en que la responsabilidad de todo, era absolutamente exclusividad del Gobernador Kiko Vega.
Desde Buenos Aires, Argentina, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, lo dijo claramente : “el de San Quintín, es un asunto de naturaleza local, le corresponde al gobierno de Baja California. Los contratos colectivos están registrados en las juntas locales, a las que no tenemos acceso la Federación”.
Dicho en pocas palabras, la explotación de los jornaleros agrícolas, es responsabilidad del Gobernador Kiko Vega, quien con embustes pretendía que el gobierno de Peña Nieto le salvara el pellejo. Como el asunto del conflicto magisterial que ocasionó la suspensión de clases durante más de dos semanas. Decía que se originó, porque el gobierno federal no daba el dinero para ello.
A principios de semana, en Ensenada, se llevó a cabo una maratónica reunión, en la que supuestamente se lograron 12 acuerdos, pero no el del incremento salarial. Viendo a los protagonistas, podría decirse que son una bola de embusteros.
Si es cierto, la encabezó el gobernador Kiko Vega, acompañado por un nfuncionario menor de la Secretaría del Trabajo federal. Navarrete Prida, el Secretario, alla en Argentina, afirmó que lo que correspondía a ellos, ya estaba resuelto. Que el resto correspondía al gobierno de Baja California.
Además de los dirigentes de los jornaleros, estuvieron presentes funcionarios estatales y dirigentes de los sindicatos blancos. Junto con ellos, Eligio Valencia Roque, dirigente estatal de la CTM, que no se ha significado por ser precisamente defensor de los derechos de los traajadores. Simples embusteros. La explotación continuará.
gil_lavenants@hotmail.com