Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 24 de junio de 2016 (GT).- Sin ser oficiales, el gobernador Vega, aprovechó los resultados ddel reciente proceso electoral en la entidad, favorables al Partido Acción Nacional, para presumir que los votos blanquiazules, eran una aprobación hacia su administración.
Sin embargo, la verdad es que es todo lo contrario. Su administración es una de las peores del país.
Circula en las redes, una nota aparecida inicialmente en Monitor Económico, portal de noticias de la capital del estado, que ubica a Baja California, entre los cuatro peor administradas del país.
En ese terreno, Baja California compite con Baja California Sur, Morelos e Hidalgo.
Esto, con base en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y estimaciones elaboradas por el Instituto Mexicano para la Competitividad.ç
Los resultados de los procesos electorales, no son, de manera alguna, indicadores para acreditar formas de gobierno o políticas públicas. Sabido es como existen métodos o estrategias para inducir el voto a favor de determinados candidatos o partidos.
La verdad es que en Baja California, gran parte del problema de la inseguridad pública, que llevó a los tijuanenses a pronunciarse por el militar Julián Leyzaola, por la candidatura a alcalde de Tijuana, es de la responsabilidad del gobierno estatal.
Si bien es cierto que la policía municipal, realiza o debe realizar funciones preventivas, que son insuficientes y deficientes, todo se viene a complicar por la intervención de los elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Los llamados “pepos”, son los principales agresores y violadores de derechos humanos. Son una especie de “malandros con placas”.
Todo mundo recuerda, la pésima actuación de Alejandro Lares Valladares, en la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, pero es injusto ignorar o tratar de minimizar, el pobre papel del flamante Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa, que ya lleva dos administraciones en el cargo, cual si fuese una maravilla.
Pero en fin, la ubicación de Baja California, entre las peores del país, es relativa a los aspectos económicos. Entre otras cosas, se evaluó la razón que existe entre la deuda pública contraída con relación a los ingresos propios, contemplando en estos últimos la totalidad de los recursos captados vía impuestos, derechos y aprovechamientos.
La SHCP presenta estadísticas sobre las obligaciones financieras de los estados y su afectación en las participaciones federales, pero se consideró más preciso, hacer un ejercicio similar sobre los ingresos propios, pues ello refleja un compromiso del gobierno para mejorar sus finanzas con la intención de cubrir su adeudo.
La información, aparecida en la influyente revista Forbes, señala que los gobernadores, acostumbrados a erogar recursos para sus gustos suntuosos –cual virreyes coloniales–, tampoco escatiman cuando se trata de administrar de manera incorrecta los recursos materiales que tienen a su disposición, siendo una prueba de ello los vehículos que designan para los trabajadores de los despachos donde atienden, así como tampoco lo hacen en los vehículos que designan al personal que auxilia a las primeras damas.
Baja California es una de las administraciones que mayor proporción de vehículos destinan a sus respectivas áreas DIF, respecto de su flotilla total. Esto, no debe ser una prioridad, pero se indica que en el caso de Baja California, el gobierno cuenta con una flotilla de 5 mil 954 vehículos, de los que 236 se encuentran asignados al Sistema DIF, a cargo de doña Brenda Ruacho, esposa de Kiko Vega.
Otro aspecto, en el que Baja California compite con otras entidades, es el de gestión de sus recursos humanos, ya que de cada 4 empleados con sueldo entre 1,500 y 5,000 pesos mensuales existen 5 que ganan por encima de 25,000, una desproporción que se agrava si observamos que, en promedio, uno de cada 4 titulares de sus dependencias carecen de formación profesional.
La administración de Kiko Vega destaca, tanto por la proporción de sus empleados con sueldos mayores a 50,000 pesos mensuales, cifra muy superior al promedio nacional, y porque más de la mitad de los titulares de sus dependencias gubernamentales no ostentan título profesional alguno.
En la entidad, de los 53 mil 492 trabajadores del Estado, el 2.2% tiene ingresos superiores a los 50 mil pesos mensuales, mientras que el 30% de los titulares de las dependencias estatales no tienen un título universitario, aunque cobran como si tuvieran doctorado. Son compas, pues, compromisos de campaña.
Otro de los aspectos negativos en los que baja California compite con otras entidades, es en cuanto a malas prácticas respecto a sus adquisiciones y a su obra pública.
En la mayoría de los casos, en 4 de cada 10 procedimientos, las asignaciones de contratos no parten de una licitación pública, siendo adjudicadas de manera directa o bien simulando un proceso incluyente mediante invitación a cuando menos tres participantes.
Se dice que en Baja California, de los 3 mil 880 contratos celebrados en 2013-2014, el 62.9% fueron entregados directamente a una empresa. Habrá quien diga que para eso se apoya a los amigos, para que una vez en el gobierno, correspondan a los favores recibidos. Por algo dicen que amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad.
Seguramente a eso se refería el priísta Carlos Bustamante, cuando “convenció” a los miembros del cabildo, que le aprobaran el proyecto de las luminarias : “recuerden que yo si se de negocios”.