Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 16 de mayo de 2015 (GT).- Esta semana, circuló en redes sociales, una fotografía en la que se observa al panista Jorge Ramos Hernández, candidato a diputado federal por el Distrito 4, haciendo ademanes, o sea evidentemente disertando o dando un mensaje, supuestamente relativo a su candidatura, ante un grupo de persoas.
Quienes lo captaron y lo difundieron, inicialmente, indican que el acto tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la Escuela Secundaria Técnica Número 36, ubicada en la colonia Jardín Dorado y que la presencia del político molestó a padres de familia porque fueron citados para firmar boletas de calificaciones.
La foto y la correspondiente referencia, la publica la periodista Dora Elena Cortés en su AFN, el jueves de esta semana. En la misma, Ramos Hernández aparece dirigiéndose a un numeroso público y junto a él una mujer, obviamente una profesora, quizás directiva del plantel.
Las críticas, no se hicieron esperar. Hasta los estudiantes de esa escuela secundaria, si les preguntan, seguramente responderían que saben perfectamente que los candidatos a puestos de elección popular, durante el desarrollo de su campaña, no pueden realizar labores de proselitismo en instituciones públicas. Menos aún en una escuela. Aunque el evento sea con padres de familia y no con estudiantes, que los de dicho plantel han de ser menores de edad y por lo tanto sin derecho a votar y ser votados.
Al día siguiente, o sea este viernes, aparece en AFN una supuesta nota aclaratoria. El informante y aclarante, Enrique Méndez Juárez, coordinador de la campaña del panista, explica que no fue a realizar un acto de proselitismo, sino a atender invitación de padres de familia, para que sea padrino de generación en julio próximo.
Se necesita ser demasiado ingenuo, y al parecer el exdirigente panista supone que los tijuanenses lo son, para no considerar electorera la presencia del candidato a diputado federal, en un plantel educativo.
Si el personaje fuese de algún otro partido político, los panistas hubiesen armado un escándalo. Sin duda alguna. Ni modo de desaprovechar la ocasión para descalificarlo o intentar eliminarlo de la contienda electoral, por incurrir en violaciones legales.
Ciertas o falsas, las intenciones y motivos de la presencia de Ramos Hernández, dentro de un plantel educativo, es más que evidente que violentó las disposiciones electorales al respecto. Y metió en un serio problema a los directivos de la institución y posiblemente hasta a todos los ahí presentes.
El exalcalde panista, es candidato a diputado federal. Durante todo el proceso electoral, no puede desligarse de tal carácter. Salvo que decida renunciar o que por cuestiones de salud o de índole legal, se vea obligado a retirarse de la contienda.
La ley electoral, precisa que los candidatos a diputados federales, en este proceso, realizarán sus respectivas campañas durante un período de 60 días, del 5 de abril al 3 de junio próximo. La presencia de Ramos Hernández en dicha escuela, ocurre durante los primeros días del mes de mayo, o sea, en plena campaña electoral.
Resulta extraño, que un “viejo lobo de mar” como el citado candidato panista, aparente ser un “inocente corderito” e incurra en un hecho que puede ser considerado como delito electoral. En política, no caben las ingenuidades.
Era tan sencillo, enviar un representante a dar respuesta a la invitación para el apadrinamiento de la generación. Que explicara que por cuestiones legales, no podía hacer acto de presencia dentro del plantel, pues, incluso en contra de su voluntad, el carácter de candidato, que ostenta, le hace presumir fines electorales a la misma.
Y que no diga que ignoraba que se podía dar esa presunción. No es la primera vez que participa como candidato en un proceso electoral. Cualquiera diría que no resistió la tentación de que un grupo numeroso de padres de familia, electores, lógicamente, le conocieran personalmente, en vivo y en directo, con lo que sumaría votos a su candidatura.
Si no lo sabía, o sea, si desconocía que eso implicaba ser sancionado penalmente, debe saber que existe un principio general de derecho que advierte : “la ignorancia, no exime el cumplimiento de la ley”.
Uno de los aspectos que más ha impactado y complicado las campañas políticas en el presente proceso electoral, son las restricciones o limitantes previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En especial, lo referente a las sanciones aplicables.
El Artículo 456, advierte que los candidatos que infrinjan la legislación electoral, pueden hacerse acreedores a amonestación pública, una multa de hasta diez mil días de salario mínimo, según la gravedad del caso, o la cancelación del registro, y por lo tanto el retiro de la contienda.
Los candidatos, deben leer con detenimiento dicha ley. Y en especial, la Ley General de Delitos Electorales, que prevee sanciones no solamente para los candidatos en campaña, sino incluso para el funcionario público que : “Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”. Los directivos del plantel educativo, caben en esa disposición.
En política, no caben las ingenuidades.
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