Por : Gilberto LAVENANT
Un factor común, destacó en los temas que impactaron a la opinión pública bajacaliforniana, en días recientes : la negligencia pública general y en especial de las autoridades estatales, por una parte y de las federales, por la otra.
Negligencia, que implica descuido, torpeza, irresponsabilidad, e incluso complicidad. Corrupción, en toda su extensión.
Las dependencias de gobierno, tienen funciones específicas, que deben ejercer constantemente. Es obvio pues, que el incumplimiento de tales obligaciones, obedece precisamente a gratificaciones, para que se hagan “de la vista gorda”, y simulen visitas o inspecciones no realizadas.
Esto quedó claro, en el asunto de la explotación de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Salieron a la calle a protestar, porque las autoridades encargadas de revisar la operación de dichos centros de trabajo, tanto estatales como federales, evidentemente, nunca cumplieron sus funciones. En principio, fueron negligentes.
Se dice, que en total existen más de 500 centros agrícolas, unos grandes y muchos pequeños, que emplean a más de 40 mil jornaleros. ¿Y saben, cómo se acredita la negligencia oficial ? de una manera muy sencilla. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con un inspector, para vigilar el funcionamiento de los campos agrícolas del Valle de San Quintín..
A nivel estatal, o sea en todo Baja California, la dependencia cuenta con unos 20 inspectores del trabajo. Durante los momentos álgidos, por los reclamos de los jornaleros, esos 20 fueron concentrados en San Quintín. Ni con todos ellos se darían abasto, para visitar todos los ranchos.
Por eso, cuando la voz oficial afirma que no hay ningún problema, que no se han encontrado irregularidades en los campos agrícolas, es más que evidente que está mintiendo. No se puede certificar como bueno, lo que no se revisa.
Eso, es por lo que respecta a la autoridad laboral estatal. La federal, ni siquiera se dió por aludida. Optó por dejar que los señalamientos y reclamos incidieran exclusivamente en la administración del gobernador panista, Francisco Vega de la Madrid, quien a la negligencia agregó solapamiento, encubrimiento, complicidad.
Aparentemente, el “incendio” fue sofocado. Al menos mediáticamente. Pero no hay garantía alguna de que no volverá a brotar, en cualquier momento.
Algo similar ocurrió con las clínicas, donde se practican cirugías estéticas. Fallece una extranjera, y súbitamente se percatan que decenas de ese tipo de negociaciones, funcionan irregularmente. Incluso, algunas de ellas propiedad de “prestigiados” cirujanos plásticos.
Nadie puede negar, que las autoridades de salud, encargadas de vigilar ese tipo de instituciones, durante mucho tiempo se desempeñaron con exceso de negligencia. Obvio, a cambio de “generosas” gratificaciones.
Claro, cuando estalla el escándalo, aparentan preocupación y tratan de hacer constar, que son sumamente responsables y que cumplen plenamente con sus responsabilidades. Aunque sea solamente una farsa. Cuando las cosas se “enfrían”, vuelven al negocio de la negligencia.
El tema que mayor escándalo ha provocado, y que puso en evidencia la negligencia pública en la entidad, en grado superior, fue el de los restaurantes de comida oriental, al descubrir las autoridades municipales, que al menos en una de esas negociaciones, cocinaban perros.
Luego habrían de clausurar, las mismas autoridades de reglamentos del XXI Ayuntamiento de Tijuana, otra docena de restaurantes. En estos, no ocurrió lo mismo que en el primero, pero las condiciones no fueron menos delicadas.
Insalubridad general, evidencias de que en algunos de ellos, manejan perros, lo que generó hartas sospechas de que los utilizan para la preparación de alimentos, para venta al público.
Las autoridades consulares, preocupadas por los efectos del escándalo, no solo porque disminuyeron sus ventas, sino porque se desencadenó una campaña de denostación hacia los asiáticos en general, aseveraron que la carne de perro, es solo para consumo de los propios orientales. Obviamente nadie lo creyó.
Las responsables de todo esto, son las autoridades estatales y federales, encargadas de vigilar el buen funcionamiento, no solo de los restaurantes orientales, sino de todo tipo de expendios de alimentos. Desde negociaciones de lujo, hasta simples taquerías. Dicen que en todas partes “se cuecen habas”.
La dependencia que logra el hallazgo, de la elaboración de comida con perros, fue del nivel municipal, en tanto que las estatales y federales, aparentaron asombro y, cínicamente, afirmaron que en sus “inspecciones”, nunca encontraron irregularidad alguna.
Cuentan, que, extraña o curiosamente, los individuos encargados de vigilar el funcionamiento de los expendios de comida, en especial de los orientales, en su mayoría son obesos. Consecuencia, claro, de que se hartaban de consumir comida preparada a base de animales caninos. Simplemente decían que estaba sabrosa y repetían platillos. Que al cabo eran gratis.
La negligencia pública, por sí sola, forma parte de la corrupción. Nadie ha de creer, que la falta de revisión de los restaurantes chinos, fue un mero descuido, derivado de un exceso exceso de trabajo. El negocio, sin duda alguna, es sumamente redituable.
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