Por : Gilberto LAVENANT
La justicia, es un valor fundamental para el desarrollo armónico de todo grupo social. Básicamente, justicia es dar a cada quien lo suyo, conforme a derecho.
La justicia, es una función o facultad de derecho público. No es cosa de particulares, porque si lo fuere, cada quien resolvería conforme a su conveniencia o interés.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo advierte claramente en el Artículo 17 : “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
Por ello, la Ley Fundamental asigna la facultad de administrar o impartir justicia al Poder Judicial, representado a nivel federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nivel local por el Tribunal Superior de Justicia.
Dichas instituciones, encargadas de administrar o impartir justicia, deben ser ajenas a intereses políticos partidistas y revestidas de una sólida solvencia moral. Deben ser honorable, pues.
Y los juzgadores, a quienes se les asigna tarea tan trascendente, además de conocedores del derecho, deben ser individuos con madurez suficiente y honestos. En pocas palabras, deben ser individuos honorables.
Lamentablemente, en Baja California, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, no es lo honorable que se supone y requiere, ni los juzgadores, individuos probos. Salvo algunas excepciones.
El columnista comentaba, el jueves 5 de noviembre, bajo el título “Fraude en el Poder Judicial”, que cuando se habla de abogados, y juzgados, generalmente se hace referencia a las trampas, triquiñuelas y “chicanas” que se utilizan para vencer a los contrarios, en determinado proceso judicial.
Y observaba, que ahora, las cosas rebasan las sucias prácticas que se imputan a los litigantes. Que ahora aparece, como protagonista principal, el Presidente del Poder Judicial del Estado, el Magistrado Armando Vázquez.
Decía que se le señalaba como el autor de una serie de actos indebidos, durante el proceso de elección de nuevo Magistrado Numerario, para cubrir la vacante que dejó el Magistrado Marco Antonio López Magaña.
Que todo era, para lograr que la “afortunada” fuese la Juez Décimo de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, Lic. María de Lourdes Molina Morales. Que se daban los elementos, para presumir que se había realizado un fraude en el Poder Judicial de Baja California.
Total, dicho proceso abortó, cuando el tema se politizó en la legislatura estatal, encargada de seleccionar a quien ocuparía la vacante de Magistrado, ninguno de los aspirantes logró la votación requerida, para ser el afortunado. Ni siquiera la “recomendada” por el Magistrado presidente del Poder Judicial, a quien se le llegó a conocer como “la mujer maravilla”, pues fue la única que aprobó todos los exámenes. Claro, gracias a las triquiñuelas que se hicieron, para favorecerla.
En vista de los resultados, los legisladores regresaron el tema al Tribunal Superior de Justicia, para repetir el procedimiento.
No obstante los vicios de este procedimiento, al repetirlo, se exentó a los cinco propuestos y se abrió solamente para los reprobados y otros posibles aspirantes.
Se dice que en esta segunda ocasión, se apuntaron 12 aspirantes. Los que fueron reprobados, deliberadamente, se dice, para que los legisladores vuelvan a votar y seleccionar a uno de los cinco propuestos inicialmente.
Resulta evidente, que este segundo procedimiento, fue una mera simulación. Que la treta es que alguno de esos propuestos, sea electo, a fin de que sea un incondicional del Presidente del TSJBC, que le permita contar con un voto más a favor, cuando llegue el momento de decidir, si deja el cargo que ocupa, como suplente del Magistrado fallecido.
Esto evidencia, que se pretende, que el Tribunal Superior de Justicia, sea manejado, regenteado o usufructuado, por un grupo de amigotes, y pone el descubierto que son capaces de recurrir a todo tipo de triquiñuelas, para lograrlo.
Con hechos como estos, se ha puesto de manifiesto que el Tribunal Superior de Justicia, perdió su presumida o supuesta honorabilidad. Hechos estos, deshonran a la institución encargada de administrar o impartir justicia.
En lugar de ajustar su conducta a la norma jurídica, le dan la vuelta o recurren a mañas para brincarla. Algo sumamente lamentable, tratándose de los encargados de administrar o impartir justicia.
Pero eso no es todo, curiosamente, a quienes aprobaron los exámenes de este procedimiento, se les identifica por lazos de parentesco o compadrazgo, con quienes ocupan puestos titulares en el Tribunal Superior de Justicia. En tales condiciones, surgen las dudas, las sospechas o especulaciones, respecto al grado de honorabilidad con que habrá de operar, la institución encargada de administrar o impartir justicia.
La institución justiciera enfrenta un total descrédito. Ha sido deshonrada.