Por: Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 14 de noviembre del 2015 (GT).- Definitivamente, la democracia es imperfecta. En especial la democracia mexicana.
La legislación básica, en estricto derecho, trata de establecer un equilibrio, entre los tres poderes que integran al gobierno mexicano, el ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta simple división básica de poderes, no basta, para el buen desarrollo de los mexicanos.
En especial, crea conflictos el área de procuración de justicia, que depende del ejecutivo. Del Presidente de la República, a nivel federal, del Gobernador de cada entidad federativa, a nivel estatal.
Es un absurdo, que siendo la corrupción, uno de los males más serios del sistema político mexicano, el perseguir a los corruptos, está en manos del Ejecutivo, de tal manera que cuando forman parte del equipo de trabajo de este, en lugar de proceder en contra de ellos, los solapa, encubre o protege. En tales condiciones, la corrupción no tiene fin.
Tan grave es la situación, que se ha pensado en la necesidad de separar del Poder Ejecutivo a la institución encargada de perseguir a los delincuentes. En este caso la Procuraduría de Justicia.
A nivel federal, en febrero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Constitución General de la República, que crean una Fiscalía Federal Independiente, desligada del Poder Ejecutivo, sustituyendo a la Procuraduría General de la República.
Esta reforma, surtirá efectos, hasta que entren en vigor las leyes reglamentarias correspondientes.
En la designación del Fiscal Federal, intervienen el Ejecutivo y el Legislativo, pero se supone que será una institución pública, autónoma, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios. Traducido al español, significa que el Procurador de Justicia, a nivel federal, ya no recibirá consignas del Presidente de la República. Bueno, eso indica la reforma.
A casi dos años de dicha reforma, la que será la Fiscalía General de la República, aún sigue siendo una mera expectativa.
En base a dicha reforma a la Constitución Federal, esta semana el Diputado Francisco Barraza Chiquete, del Partido Estatal de Baja California, propuso reformar la Constitución local, a fin de crear la Fiscalía Estatal, que sustituya a la Procuraduría de Justicia del Estado.
Nadie ha dicho nada, todavía, pero sin duda alguna, el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, hará hasta la imposible para que aborte esta propuesta.
Imaginen nada más. La Procuraduría, ante el alto índice de corrupción en la entidad, en los gobiernos estatal y municipales de Baja California, es la base de casi todas las negociaciones políticas.
Independientemente de la ineficiencia de la Procuraduría de Justicia, para combatir la delincuencia común y corriente, las denuncias contra políticos, van a parar al “archivo muerto”.
Nunca, nadie lo ha intentado, pero si se realizara una auditoria administrativa a la Procuraduría de Justicia, encontrarían cientos de denuncias penales, contra políticos, de todos los partidos, a las que nunca se les dió curso, porque sirvieron para que las diversas fuerzas políticas, negociaran.
Por ejemplo, cabe observar que el desviar o retener las cuotas de los burócratas, para el Issstecali, es un delito. Nunca se ha procedido contra ningún alcalde, porque el hacerlo contra uno solo, serviría de base para enviar a la cárcel a otros Alcaldes de diversos partidos. Por ello el gobierno estatal optó por solicitar créditos, para sanear las finanzas del Issstecali, y los diputados de todos los partidos, sumamente “comprensivos”, apoyaron esto, antes que aceptar que se ejerciera acción penal contra varios exalcaldes.
Cabe recordar, que unos dos meses antes de que Alejandro González Alcocer, fuese designado Gobernador sustituto, al fallecer don Héctor Terán Terán, se estuvo a punto de librar una orden de aprehensión en su contra. El expediente penal, obviamente, ya ha de haber desaparecido.
Ha habido otros asuntos, que han rayado en el escándalo, como el asunto del “Facturagate”, en el que se puso al descubierto que regidores del XVII ayuntamiento de Tijuana, de todos los partidos políticos, utilizaban facturas falsas, para tratar de justificar el destino de los recursos que se les otorgaban, para supuestos fines sociales.
Se hizo la denuncia, pero nunca se procedió, porque resultaban involucrados los regidores de todos los partidos políticos. Algunos ya fallecidos, y otros que aún siguen navegando campantemente en la política.
El “facturagate”, fue en la gestión del XVII Ayuntamiento de Tijuana, 2001-2004, encabezado por el panista Jesús González Reyes, hoy Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Hablar de una fiscalía local independiente, es una mentira o un simple sueño.