Puebla Puebla 29 de octubre de 2015 (GT).- La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, suscribió hoy, en esta ciudad, un Convenio de Colaboración para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con Perspectiva Intercultural y Multilingüe.
Reiteró que la instrucción del Presidente es muy clara para cubrir todos los flancos de la implementación del nuevo modelo de justicia y lograr, de manera efectiva, un cambio institucional y cultural que promueva nuevos procesos y permita una mejor procuración y administración de justicia para todos.
“Eso significa dotar a la ley de contenido: actuar en beneficio de las víctimas del delito y a favor de la reparación efectiva del daño, mientras se respetan, de manera integral y progresiva, los derechos humanos de todos los implicados”, enfatizó.
La Titular de la PGR subrayó que está enfocado a las comunidades indígenas y aborda una necesidad apremiante en México, atender a núcleos de población que forman parte de nuestras raíces y que históricamente han sido dejados en situación de vulnerabilidad, sobre todo en materia legal.
El Convenio de Colaboración fue suscrito, en la otrora fábrica La Constancia, hoy sede de la Escuela de Música de Viena de esa localidad, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En este contexto apuntó que de cara a la entrada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la PGR se trabaja para dotar a la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas con las herramientas para conocer desde la investigación inicial hasta la ejecución de sanciones. Otro punto a destacar es lo relativo al trabajo en la asesoría jurídica a las personas indígenas en su calidad de víctimas, dijo.
Arely Gómez González estableció que desde hace más de una década la Procuraduría General de la República ha tenido el compromiso preciso de atender a la población indígena. Incluso en reclusión, hay una obligación de continuar brindando a las personas asesoría y orientación, con un enfoque pro persona, la Unidad gestiona cuando es procedente, el beneficio de libertad anticipada ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Tan sólo en este año, informó, se ha brindado atención a 993 personas indígenas, gestionado la obtención de beneficios de ley y emitido opiniones jurídicas en auxilio a los Agentes del Ministerio Público Federal en 31 Centros de Reinserción Social.
Asimismo, dijo que para garantizar la perspectiva intercultural y multilingüe, se generarán acciones para el fortalecimiento de las capacidades de abogados indígenas bilingües, intérpretes traductores en lenguas indígenas, peritos antropológicos y se formarán mediadores y conciliadores indígenas.