Ensenada BC 30 de marzo del 2015 (GT).- Un grupo de residentes del poblado de El Zorrillo, en Ensenada, afectados por la proximidad a la planta almacenadora de gas LP, construida sin tener la autorización federal vía el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), recurrieron a la promoción de un juicio civil bajo la figura del interdicto de obra peligrosa, por la que solicitan la restitución del predio y la demolición de lo construido en dicha planta.
Nicolás García Ávila, residente de El Zorrillo, junto con otros seis que se dicen de los más afectados porque su casa está a menos de 300 metros de la planta gasera, informó que luego de algunas manifestaciones en el ayuntamiento, en la Dirección de Catastro, dependencia que autorizó la construcción hace cuatro años y de recibir puras evasivas, decidieron ir por la demanda. Resaltó que además de las viviendas que quedaron cercanos a la planta gasera, hay una escuela y una iglesia también, “no podemos permitir vivir con el temor de tener una bomba de tiempo, ni nosotros ni nuestros hijos”.
Así mismo, dijo que en días recientes se ha visto mucho movimiento e incluso, en la demanda presentan como documentales los anuncios por los que la empresa gasera recluta personal. En la demanda, radicada en el Juzgado Primero de lo Civil en Ensenada, se pide expresamente que la autoridad ordene a la empresa la suspensión definitiva de cualquier actividad de construcción, almacenamientos, transformación y distribución de gas LP. Que se adopten las medidas urgentes de demolición total de la obra para evitar los riesgos que pudiera llegar a causar a las propiedades contiguas o cercanas a las instalaciones que ya se han mencionado.
Por otra parte, Félix Ojeda Ortega, síndico Social, quien presentó ante Cabildo un punto de acuerdo relacionado a este tema para revisar la factibilidad de operación y el riesgo para los pobladores de El Zorrillo, en Maneadero, informó que este lunes 30 de marzo, a las 11 de la mañana, las comisiones de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano se reunirán para comenzar el análisis.
Puntualizó, que la revisión es importante pues la empresa gasera recibió el permiso de construcción por el ayuntamiento, sin tener la MIA, el 31 de marzo de 2011, con Enrique Pelayo Torres como presidente municipal, sobre quien pesa varios señalamientos por irregularidades. Además, opinó que debe aclararse el porqué de tantos cambios en la denominación social, pues comenzó como Calafia Gas, luego Gas del Pacífico, siguió Diesgas, Cualigas de la Paz y recientemente Gaspasa.
Señaló que de acuerdo al cumplimiento a la reglamentación de Catastro y Control Urbano, la empresa gasera está obligada a solicitar el permiso de operación y sin él, dicha empresa no debe, no puede comenzar operaciones, so pena de infringir de nueva cuenta la ley.
Recordó que la planta de gas proyecta el almacenamiento de hasta cien mil litros (54 mil kg.) de gas L.P. en un tanque cilíndrico horizontal para su comercialización, lo que la ubica en el rango de alto riesgo de acuerdo a la ley federal vigente.
“Lo más grave es que ahora nos enteramos que no son cien mil, sino 200 mil litros los que pretenden almacenar, lo que a toda vista es un alto riesgo dentro de una zona netamente habitacional”, concluyó Ojeda Ortega.