Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 4 de septiembre de 2015 (GT).- Uno de los problemas más serios de la ciudad de Tijuana, es el servicio del transporte público. Un monstruo vial, que pocos alcanzan a dimensionar y por lo tanto no tienen idea de las dificultades que presenta, para su control y regularización.
Sin embargo, la mayoría de los tijuanenses coinciden en señalar que el transporte público de Tijuana, es pésimo, anacrónico y caro.
Hay unos 3 mil 500 taxis, con permisos en regla. Se estima que hay otros 3 mil que circulan amparados, o sea un recurso interpueso, bajo el supuesto de que la autoridad municipal les niega el derecho a prestar el servicio y otros 500 clonados. Estos últimos, con un mismo permiso, operan al menos dos unidades distintas.
El problema es que la autoridad encargada del control del transporte público, o sea la Dirección de Vialidades y Transporte, no cuenta con los recursos maeriales y humanos para verificar y controlar todas las unidades que prestan el servicio. En especial a los clonados y amparados, que brotan como hongos por doquier. Y hay quienes afirman que en muchos casos, los elementos a cargo, se hacen de la vista gorda, a cambio de cuotas o gratificaciones.
El anacrónico o irregular desarrollo urbanístico de la ciudad, dificulta o agrava aún más el problema. Muchas zonas de la ciudad, no son conocidas, ni por los propios tijuanenses.
El ingrediente especial que ha hecho casi incontrolable a este monstruo vial, es el político. Cada gobierno, que ha tenido la ciudad, ha aportado su dosis de complejidad, autorizando permisos o concesiones, conforme a intereses partidistas, en base a los cuales, durante el gobierno que los genera u otorga, los mantiene protegidos. Son intocables.
De ahí que, amparados en las siglas del partido en el que militan, o las de la organización de transportistas que constituyen, se convierten en cotos de poder. Para ello, colaboran en cada campaña electoral, portando publicidad de los diversos candidatos o coadyuvando en el acarreo de militantes para los eventos políticos.
Por eso son incontrolables. Apenas se les sanciona o se trata de sometérles, surgen por doquier los padrinos y protectores. O simple y sencillamente, se aglutinan en puntos determinados, bloqueando vialidades y desquiciando las actividades de la ciudad.
Hasta no hace mucho, el transporte público, era competencia del gobierno estatal. Este nivel de gobierno, tenía mayores recursos, materiales y humanos, para controlar a los transportistas. En especial, más fuerza política para someterlos y controlarlos.
Es más fácil rebelarse ante un alcalde, que ante el Gobernador del Estado. Pocos se atreven a retar al Jefe del Ejeutivo Estatal. Sobre todo, cuando este participa o tiene bajo su control, la asignación de posiciones político-electorales.
Pero en el ánimo de respetar las funciones básicas del gobierno municipal, queda en manos de este el control del servicio del transporte público. Habría que preguntar a los “valientes” –hombres o mujeres- que aspiran por la alcaldía de Tijuana, si es que tienen al menos una idea elemental sobre este tema.
Es bonito o satisfactorio, sentarse en la silla del alcalde. Pero nada cómodo tener en sus manos el control de los transportistas, cuyos vicios o fallas, tienen hartos a la ciudadanía.
¿Quién será el político, que se atreva a terminar el rentismo de unidades de transporte público? Esto no es nuevo y existe. Imaginen a los políticos, acaparadores de placas de taxi, conduciendo el vehículo de las únicas que pueden poseer, como patrimonio familiar.
Muchos de ellos, la mayoría a través de prestanombres, poseen y explotan, varias unidades de transporte público. Otras las adquieren en arrendamiento y contratan choferes para su operación. Tanto intermediario, hace que al final de cuentas, el servicio sea caro y pésimo.
Unidades sin el mantenimiento adecuado. Choferes, mal vestidos y peor portados. Muchos de ellos, hasta adictos a sustancias tóxicas. Habrá quienes estén relacionados con la delincuencia. Asaltos, secuestros, tráfico de drogas. De tal complejdad y tamaño, es el servicio del transporte público.
El Alcalde Jorge Asiazarán Orcí, habla con optimismo, de lo que logrará avanzar, en el mejoramiento del servicio de transporte público. En especial, con el proyeto de la llamada Ruta Troncal, ya en marcha.
Seguramente, nadie le habló de la complejidad y cúmulo de intereses, políticos y económicos, en torno a este tema.
Más aún, cuando los políticos involucrados en el manejo del servicio del transporte público, jalan para lado distinto y en muchos de los casos, lo hacen atendiendo consignas partidistas.
El período de gobierno, de tres años, es sumamente breve, para lograr acuerdos, que permitan regularizar y organizar. Pocos gobernantes han mostrado voluntad política para ello. En su mayoría, le sacan ventaja a la desorganización. Por algo dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Los tijuanenses ya merecen un servicio de tranporte público, de buena calidad y barato. El contraste, con el de allende la frontera, resulta deprimente.
Aquellos que aspiren a gobernar Tijuana, ni siquiera se imaginan las enormes dificultades que habrán de enfrentar. Será algo así, como la rifa del tigre. Quien saque el premio, corre el riesgo de ser devorado. Al menos por el monstruo vial.