Por : Gilberto LAVENANT
En el sistema jurídico mexicano, destaca un principio sumamente importante, que advierte, que toda persona es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, hay señalamientos tan precisos y contundentes, que solamente falta que juez competente dicte la sentencia condenatoria.
El jueves 28 de agosto del 2014, el Síndico Procurdor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Humberto Zúñiga Sandoval, acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, a denunciar penalmente al exalcalde Francisco José Pérez Tejada y a varios de sus colaboradores. A partir de esa fecha, el priísta, es indiciado.
Indiciado, es la denominación de la persona a quien se le imputan hechos presuntamente delictivos, durante toda la etapa de la averiguación previa. Una vez que se acredita la presunta responsabilidad, el ministerio público ejerce acción penal en su contra, turnando el expediente correspondiente ante Juez competente.
El juez de la causa, así le identifican al expediente relativo a dicho asunto, puede dictar auto de soltura, con las reservas de ley, si estima que las pruebas aportadas y la indagatoria realizada, no fueron suficientes para presumir la responsabilidad del indiciado. En caso contrario, acreditada, le dicta auto de formal prisión y ahí inicia el proceso.
Ya como procesado, recluído en prisión, o en libertad, si es que los delitos que se le imputan, son de los que permiten salir bajo fianza, hará valer las probanzas y disposiciones jurídicas que estime le liberan de responsabilidad. De ser insuficientes, el juez penal habrá de dictar la sentencia correspondiente, que en el caso en mención, es casi seguro que implicaría que el político permaneciera varios años en prisión.
Si se procediera conforme a estricto derecho, a 5 meses de presentada la denuncia, tiempo suficiente para la integración de la averiguación previa, el tristemente célebre Panchito, andaría “a salto de mata” o estaría tras las rejas de una celda, purgando una pena.
Pero ¿qué pasa? Panchito, ni suda, ni se acongoja. Es más, hace alarde de impunidad y presumiendo ser algo así como “la Madre Teresa de Calcuta”, en persona, en el proceso interno del PRI, se registró como precandidato a diputado federal por el VII Distrito Electoral Federal, que comprende Mexicali, Tecate y parte de Ensenada. Al fin y al cabo, hasta ahorita, simplemente es indiciado.
Por si alguien presgunta ¿Por qué sigue siendo, simplemente indiciado? Por la sencilla razón de que la Procuraduría de Justicia del Estado, es una de las instituciones más politizadas. Depende del Gobernador, y a su vez de la misma depende la Agencia del Ministerio Público que recibió la denuncia penal contra Panchito. Como dicen en el pueblo “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace culpable”.
La impunidad, es una “hija incestuosa”, producto del “amasiato” de políticos corruptos. Ni le busquen, tres pies al gato. Los mexicalenses, pero también los tecatenses y ensenadenses, a quienes les pretenden endilgar a Panchito como su diputado federal, deberían exigir a la Procuradora, Perla del Socorro Ibarra, indique la razón por la cual no ha concluido la integración de la averiguación previa, relativa a la denuncia en contra del exalcalde mexicalense.
La denuncia en contra de Panchito y colaboradores, no es cualquier cosa. Según el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, ocasionó daños patrimoniales por un monto de 939 millones de pesos. Es uno de los principales causantes de la quiebra financiera del Issstecali.
El daño patrimonial, se indica en la denuncia, fue generado por omisión de pago de cuotas y aportaciones al Issstecali, préstamos, pensiones y jubilaciones, así como los recargos correspondientes y financiamientos pactados.
Los delitos que se le imputan, son abuso de autoridad, peculado y coalición de servidores públicos. “Delitos que se configuran –dijo el denunciante- al no enterar las cuotas, ni pagar las aportaciones de seguridad social de los trabajadores del Municipio de Mexicali, en los períodos comprendidos de la segunda catorcena de agosto de 2011, a la primera catorcena de marzo de 2012 y de la primera catorcena de julio del 2012 y la última catorcena de noviembre de 2013, no obstante que las cuotas (para Issstecali) fueron retendias en tiempo y forma a los trabajadores”.
Cabe observar, que el artículo 293 del Código Penal vigente en la entidad, señala los casos en los que los servidores públicos cometen el delito de abuso de aurtoridad y describe, en sus quince fracciones, variadas conductas activas y omisivas. Subraya y sanciona, el actuar del servidor público, que valiéndose de su cargo se excede en sus funciones, o las ejerce incorrectamente o las desvía de su ejercicio, así como por omisiones de deberes impuestos por la Ley y que a ellos compete cumplir, actos y omisiones que se traducen en un perjuicio causado a la ciudadanía general y a la administración pública en lo particular.
Dentro de esas 15 fracciones, está la XIV, que señala como responsable de abuso de autoridad “El servidor público que teniendo la obligación legal de enterar a las instituciones de seguridad social, estatales o municipales, las cuotas o aportaciones establecidas en la ley, las retenga indebidamente o retrase su pago sin causa justificada, si ya hubiera sido previamente requerido por la Institución de Seguridad Social”.
La denuncia está sumamente detallada. Su integración, a fin de determinar la presunta responsabilidad del indiciado, es relativamente sencilla. Basta que Kiko Vega instruya a la Procuradora de Justicia, para que proceda conforme a derecho y que deje de solapar a Panchito. De lo contrario, Gobernador y Procuradora, podrían ser considerados como co-responsables, cómplices, pues, del exalcalde.
Podría advertirse de que en caso de que Panchito efectivamente sea postulado como candidato priísta a la diputación federal por el VII Distrito, pasados los plazos para las sustituciones, Kiko podría sacarlo de circulación con una sencilla resolución. Tras las rejas, ya no podría votar, ni ser votado. Pasaría de indiciado a procesado.
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