Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 25 de abril de 2015 (GT).- Supuestamente, tratando de dar respuesta al reclamo ciudadano, de poder destituir o poner “de patitas en la calle” a los funcionarios corruptos, abusivos o ineptos, esta semana, en la Legislatura Estatal, se habló de la figura de revocación de mandato y de la necesidad de perfeccionar el procedimiento de juicio político.
Fue durante la reunión de la Comisión de Reforma del Estado, que se aprobó el dictamen número 2, que contempla reformas a la Constitución de Baja California, para crear la figura de la revocación de mandato.
Los legisladores locales lo presumen, como si fuese la gran cosa. La verdad, no es para tanto, pues, como diría “la india María”, son tontos, pero no tanto.
De aprobarse en el pleno, la propuesta legislativa y convertirse en ley, corresponderá a ellos mismos, o sea al Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes “suspender o revocar el mandato de alguno de los miembros de los ayuntamientos, por causa grave que determine la ley, siempre y cuando el afectado haya tenido oportunidad suciciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan”.
¿Saben cuándo se va a aplicar esta figura? Nunca. Como nunca se ha aplicado la del juicio político. Pretextos y triquiñuelas sobran, para desechar, rechazar o dejar sin efecto, cualquier pretensión en ese sentido. El caso de Panchito, es un ejemplo claro de ello.
Tratándose de la revocación de mandato de un legislador, la propuesta indica que “se procederá, mediante sufragio universal que emitan los ciudadanos, en términos de las disposiciones que resulten aplicables”. Dicho en otras palabras, se les retirará del cargo, mediante el voto popular y faltaría adecuar la legislación correspondiente”.
Curiosa o extrañamente, a reserva de conocer el texto completo de la propuesta, no se habla de la revocación de mandato del cargo de gobernador del estado.
En pocas palabras, esto quedará en la simple y burda intención de “dar atole con el dedo” a los bajacalifornianos. De llegarse a aprobar la propuesta, se creará la figura de la revocación de mandato, en Baja California, pero será inaplicable. Ocurrirá lo que en el chiste del regiomontano, a quien su hijo le pregunta : “papá, puedo ver la tele”, y este, sumamente “generoso”, le responde : “si m´hijo, nada más no la prendas”.
Si los señores diputados, fuesen realmente honestos, y tuviesen ética y un poco de vergüenza, la figura del juicio político sería suficiente para “sacar de circulación” a políticos corruptos o ineptos.
La figura del juicio político, esta contemplada en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Baja California y es aplicable en contra de los servidores públicos que señala el Artículo 93 de la Constitución Política de Baja California.
Estos son : Artículo 93.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.
Aunque el Gobernador no está contemplado para ser sometido a juicio político, ni la propuesta de revocación de mandato lo incluye, el Jefe del Ejecutivo Estatal, en este caso el panista Kiko Vega, es el responsable de lo que hace o deja de hacer el gobierno estatal a su mando. Al menos lo correspondiente al Poder Ejecutivo.
En 18 meses de su administración, Kiko ha incurrido en suficientes hechos u omisiones, para destituirlo y presentarlo al patíbulo. Es un “candidato ideal” para ello.
Durante su gestión, el ISSSTECALI llegó al punto de la quiebra, al acumular más de 1 mil 200 millones de pesos, que los ayuntamientos, e incluso el Gobierno del Estado, dejaron de cubrir, correspodientes a las cuotas de sus trabajadores.
Durante su gestión, se toleró la descarada explotación de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín. Más de 500 ranchos, para cuya supervisión, la autoridad laboral estatal, solo tenía asignado un inspector del trabajo. Kiko soslayó la esclavitud en la entidad.
Durante su gestión, se dejó de pagar, unos 6 mil millones de pesos a los profesores de educación básica, lo que mantiene la suspensión de clases desde hace 15 días.
Desgraciadamente, pese al cúmulo de errores y omisiones, Kiko Vega, aunque es un “candidato ideal” para el patíbulo, dicho cargo no puede ser revocado, ni quien lo ostenta puede ser sometido a juicio político.
Si los legisladores tuviesen la voluntad de hacer un enorme favor a los bajacalifornianos, deberían reformar la legislación local, a fin de someter a juicio político, por acción u omisión, a quien ostente el cargo de Gobernador. Todos se los agradecerían.
Sin duda alguna, Kiko le ha ocasionado a Baja California, más daño que bien. Y apenas lleva unos 18 meses en el cargo. Imaginen lo que pasará en los próximos cuatro años.
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