Tijuana, B. C., 27 de diciembre de 2016 (GT).- Una ley estatal del agua es necesaria y la iniciativa recién aprobada es bienvenida, pero como un primer borrador a mejorar, porque hay puntos que privilegian la rentabilidad de la empresa por encima del interés del ciudadano común, como el corte a deudores en 90 días y la actualización de precios automática, sin pasar por el Congreso del Estado.
Así lo remarcó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), quien aseguró no estar en contra de la nueva ley, siempre y cuando ésta no deje indefenso al ciudadano común, porque la fórmula de asociación público-privada puede ser virtuosa, si no juega en contra del interés público.
“La certidumbre que ofrece a la inversión cuando brinda una fórmula automática de actualización de precios sin pasar por los diputados, estimación de consumo presuntiva y cobro con un concepto fiscal, además de corte a morosos en 90 días, es un blindaje argumentado que no se usa en defensa del ciudadano común, del votante al que se debe el gobierno”, enfatizó.
Zavala Álvarez recordó que, por ley, el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, es responsable de procurar el equilibrio entre el interés público y privado, para que las asociaciones público-privadas no se desvirtúen y se perviertan, de ahí la necesidad de revisar y mejorar este primer borrador de Ley del Agua para Baja California.
“Si bien es cierto que el agua no es gratis, una preocupación es que la ley plantea que podrá ser suspendido el abasto de agua a quien deba noventa días; yo creo que eso no va pasar, eso no puede pasar porque el agua está relacionada íntimamente con la salud y la calidad de vida de las personas”, recalcó el director del CIGA.
El agua como derecho humano, explicó Zavala Álvarez, se reconoce en la iniciativa del gobernador y, a renglón seguido, dice que “no es gratis”, lo que es un concepto innovador porque entonces quiere decir que los derechos humanos deben ser comprados y si no tienes dinero para ello los pierdes, lo cual es una aberración.
“Esto parece una aberración de técnica jurídica o un extravío lingüístico; se necesita conciliar y ser congruente en estos conceptos, tal vez el concepto de mínimo vital de la Organización Mundial de la Salud, que establece un mínimo de entre 50 y 100 litros por habitante al día sin costo, ayude a librar este escollo sustantivo que no es para nada algo trivial”, consideró.
La ley, agregó, propone una cultura del cuidado y el reúso del agua, medidas que son necesarias en Baja California, pero las tarifas por el suministro aumentarían sin pasar por el Congreso del Estado y estarían sujetas a la oferta y demanda que se presente en la región, todo esto se vuelve algo amenazante para el ciudadano común, que queda indefenso.
José Carmelo Zavala también refirió que la nueva ley reconoce al agua como elemento necesario para la sustentabilidad, pero el texto de la iniciativa mantiene un concepto hidráulico, tanto que no considera en el Consejo de Administración a la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), por lo que sugirió que mejor sería proponer que la SPA se convierta en Secretaría para el Desarrollo Sustentable y de ella dependa el tema del agua.
“Lograr una mejora en la profesionalización de los organismos responsables implica que la Dirección General sea ocupada por expertos calificados; además, debe sumarse el concepto de infraestructura verde y promover el reúso con la cosecha de lluvia en las ciudades y en muebles sanitarios de bajo consumo o secos”, propuso Zavala Álvarez.
Por otro lado, añadió que si se considera el concepto técnico-científico del ciclo del agua, debe eliminarse la definición de “agua residual” y usar una nueva, porque es solo una etapa del ciclo de agua que requiere un tratamiento para su uso y de ningún modo debe definirse como “residual” un recurso valioso, ello es incongruente con el concepto de ciclo.
“El 29 de noviembre el gobernador turnó al Congreso la iniciativa, que hasta que el 9 de diciembre fue recibida y diez días después fue votada y aprobada, con un pobre y triste papel de los diputados, que votaron en bloque a favor y en contra; con vergüenza, supongo, los diputados explicaron a sus votantes: no hubo tiempo para consultas”, criticó.
El agua, finalizó el director del CIGA, es un tema que nos convoca a todos y no podemos dejar solo al gobierno del estado, un gobierno legítimo inicia en una elección democrática y debe sentirse obligado también a una gobernanza democrática cada día.