TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de la Agencia Estatal de Investigación y del Grupo de Homicidios Dolosos, cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Carlos Antonio “N”, alias “El Chino”; Erick Fernando “N”, alias “El Uber”; y Samuel “N”, alias “El Viene Viene”, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con ventaja, ocurrido en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, el 30 de agosto de 2026, alrededor de las 16:13 horas, la víctima conducía un vehículo Ford Ranger sobre la calle Rodolfo Landa, en la colonia Miramar, cuando fue interceptada por un automóvil Chevrolet Aveo, en el que viajaban los hoy imputados.
Según las investigaciones, Erick Fernando “N” conducía el vehículo, mientras que Samuel “N” descendió del mismo portando un arma de fuego y le ordenó a la víctima que bajara de su unidad. Una vez que la víctima acató la instrucción, Samuel “N” presuntamente realizó detonaciones en su contra, ocasionándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.
Tras la agresión, los involucrados huyeron del lugar a bordo del vehículo en el que habían arribado. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica; sin embargo, ese mismo día perdió la vida.
Como resultado de las indagatorias, la Fiscalía estableció que los hechos presuntamente derivaron de un plan previamente acordado entre los imputados y otras personas. Asimismo, dentro de la investigación se determinó que Carlos Antonio “N” habría proporcionado el arma de fuego utilizada durante la agresión.
Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas el 3 de septiembre de 2026 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quedando los tres imputados a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos delictivos, llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia.