Tijuana BC 14 de junio de 2015 (GT).- La Ley General de Víctimas se ha convertido en el referente normativo más importante en el país sobre los derechos humanos de estas personas, a raíz de la legislación uno de los elementos de política nacional en materia de atención que se quiere construir es el acompañamiento integral para llegar a una justicia apropiada, expresó el Lic. Silvano Cantú, coautor de la Ley General de Víctimas.
Mismo que participo como expositor durante la sesión de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.”, que preside la Lic. Rosa Maritza Nava Meléndez, y en la que también estuvo presente la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez.
Al compartir reflexiones de la política actual a nivel nacional y local sobre la atención a víctimas y los últimos avances en materia de derechos humanos, resaltó la importancia de que los órganos facultados y obligados a atender a los afectados construyan la verdad del hecho, que no se limiten a la investigación ministerial para llegar a una conclusión sino participen directamente en la creación de la memoria histórica.
De igual forma brinden un acompañamiento legal y psicosocial pues el acceso a la justicia no llega ni termina en los tribunales, sino es parte de los momentos difíciles del viacrucis para llegar a la condena “que en México no es más allá del 1.2% de los casos, es brutal e impacta a un nivel global tanto en lo personal como en la familia de las víctimas de secuestro, desaparición, trata, tortura, todo el espectro tratase de la delincuencia organizado o del estado”.
Silvano Cantú señaló que algunas veces las personas caen en una revictimización constante por los mismos órganos de defensa, es por ello que se busca crear el acompañamiento integral ya sea a través del sistema de justicia, de la figura del ombudsman o de esquemas alternativos.
Al tiempo de castigar a los responsables la política debería representar un elemento de justicia restaurativa donde exista una reparación total, lo cual no puede centrarse en el aspecto económico, “es decir los movimientos de víctimas que se han dado a nivel nacional no buscaron una ley para crear ventanillas de cheques”.
Por el contrario que junto con las indemnizaciones venga el pedido de disculpas públicas incluso por las autoridades que hayan cometido los hechos, que se establezcan investigaciones de los hechos por medio de comisiones de la verdad.
Llevar un enfoque transformador en las medidas de reparación que además de atender el problema individual de la víctima, se combata a las causas de la violencia con reformas legales, creación de nuevas leyes y derogación de otras que vulneren, “la Ley General de Víctimas es una caja de herramientas muy amplia y avanzada, reconocida por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con vigencia desde el 8 de febrero de 2013”.
Por último, el Coautor de la Ley agregó que todas las autoridades están obligadas a aplicar la legislación, sin embargo, Baja California es uno de los estados que aún no lo hace y que antes de emplearla es recomendable instalar los mecanismos necesarios para que los derechos contenidos en la Ley sean aplicados.