Tijuana, BC, 26 de julio de 2017 (GT).- Por actuar con parcialidad, y desconocimiento del derecho, al resolver en contra del ordenamiento urbano en el área de la línea internacional de San Ysidro, la Alcaldía de Tijuana, solicitó al Congreso del Estado un juicio político y la destitución inmediata, sanción e inhabilitación de la magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Flora Arguilés Robert.
El secretario de gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz y el Consejero Jurídico del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez, entregaron dicha solicitud y un expediente completo del caso en Oficialía de Partes de la Legislatura local, así como la ratificación ante la presidencia del Congreso del Estado.
Raúl Felipe Luévano externó que acudieron en representación de los miles de tijuanenses con la intención de dialogar con los legisladores locales para pedirles que velen por los intereses de la ciudadanía.
Señaló que el procedimiento es que el presidente del Congreso Local le turne la solicitud a la Comisión Jurisdiccional, y esta instancia es la encargada de subirla al pleno de la Cámara de Diputados para ser votada.
El Secretario General de Gobierno de Tijuana detalló, que por no acatar la notificación de la magistrada para regresarles el permiso de los 9 sitios en el área de la Garita Internacional al gremio de los Taxis Amarillos, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor y el director de Vialidad y Transporte, Javier Salas, recibieron un requerimiento y una sanción antes del plazo que tenían para haber respondido esta notificación.
En el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado tienen tres semanas de vacaciones, y no aceptaron recibir la contestación de la administración municipal por estar en este periodo de descanso, pero si emitieron otras sanciones de nueva cuenta para los dos funcionarios mencionados, pese a que el artículo 59 de esta misma institución establece que ante un caso relevante se debe activar su guardia, recalcó Luévano Ruiz.
El consejero jurídico, Leonardo Martínez explicó que un sitio de taxis es un permiso para la ocupación temporal de la vía pública, y en el artículo 18 de la Ley de edificaciones que tiene también relación con el artículo 219 del Reglamento de Tránsito, indica que esa autorización puede ser revocada en el momento que la administración municipal lo determine.
Además, las autorizaciones que el gremio de taxis amarillos presentaban ya estaban vencidas, la última era del 2015, y aún así la magistrada consideró la demanda que pusieron los integrantes de este gremio en la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, para emitir una resolución en contra de los intereses de la ciudadanía, argumentó Leonardo Martínez.
El secretario General de Gobierno argumentó que la intención es poner orden respecto a la movilidad urbana del área de la Garita Internacional, devolver la legalidad a esta zona, que es la cara de la ciudad para los visitantes extranjeros, y es el punto geográfico conocido como la Puerta de México, por lo que era prioritario atender la situación de un cúmulo de agravios por parte de los taxistas amarillos hacia residentes y visitantes.
Raúl Felipe Luévano manifestó que el actuar de la magistrada desnuda la moral y toma decisiones con desconocimiento del derecho y la justicia, y estas acciones son en contra de la esencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado.