Tijuana BC 12 de junio de 2017 (GT).- El Abogado Fiscalista Jorge Pickett señaló que en el pasado mes de marzo comparecieron en el senado 23 aspirantes a fiscal anticorrupción, esto debido a que en 2014 se aprobó la reforma política que dio lugar a la nueva Fiscalía Anticorrupción, año en que debió crearse la Fiscalía.
Manifestó que existe la posibilidad de que el fiscal anticorrupción carezca de autonomía para realizar su función sin interferencia política, sin embargo, se trata de un gran paso en cuanto a la forma en cómo la Procuraduría General de la República atiende actualmente las denuncias de actos de corrupción.
Pickett indicó que actualmente la corrupción de servidores públicos se investiga a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, misma que cuenta con recursos limitados para atender cientos de denuncias de hechos.
Explicó que el desafío del nuevo fiscal anticorrupción será atender los asuntos pendientes, construir la estructura organizacional, presupuestaria y de procesos de una Fiscalía Autónoma con personal capacitado para combatir efectivamente la corrupción.
Puntualizó que el mayor obstáculo para combatir la corrupción ha sido político, debido a los nexos de amistad, complicidad o simplemente por la falta de interés; por lo que será esencial que el fiscal anticorrupción cuente con una protección frente a la presión política y no pueda ser removido por el fiscal general de la República.
El abogado fiscalista agregó que es de suma importancia trabajar en el tema de la fiscalía y tomarle el interés que exige, ya que la corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, pues de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, solo en 2015 alcanzó 906 mil millones de pesos, lo que se traduce en un 5% del PIB de ese año.
Sin embargo, resaltó que en diversos estudios se estima que el costo podría alcanzar hasta un máximo del 10 por ciento del PIB, lo que convierte a la corrupción en una carga para la economía nacional, ya que es una práctica que parece inofensiva, pero que en realidad representa uno de los mayores costos para las finanzas del país.