Tijuana B.C. 18 de enero de 2017 (GT).- En Tijuana y a nivel nacional se sufre de un estado de derecho rebasado por diferentes circunstancias, respirándose un aire de impunidad y de falta de respeto hacia las autoridades, mencionó el especialista en derecho penal Ȧlvaro González.
“Hemos visto que desgraciadamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal está a prueba en los momentos más difíciles de la historia de nuestro México contemporáneo; si bien es cierto este cambio en materia de judicatura fue en respuesta a la exigencia social, no está dando la certidumbre jurídica que los ciudadanos esperaban.
Hay que tener en cuenta que el NSJP no vino como varita mágica a bajar los altos índices de delincuencia y corrupción, pero los abogados estamos viendo que hoy en día los cuerpos de seguridad se manejan con gran cautela en el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, es por ello que en bastantes universidades e institutos vemos a oficiales pagando de su bolsillo dichas capacitaciones para no incurrir en algún delito dentro de sus funciones”, expresó.
Entre los riesgos de la seguridad nacional, agregó, está la violencia y los saqueos que se han provocado en las movilizaciones sociales; así como la toma de las aduanas que representan el filtro que la delincuencia organizada siempre busca vulnerar para el trasiego de dinero y armas.
Opinó que se debe de ser conscientes de que con estas acciones se hizo notoria la falta de preparación de los cuerpos de seguridad y de que no están preparados para este tipo de contingencias y de que se dejó a los ojos de los medios internacionales un país muy débil en su seguridad interna.
“El Cisen clasifica los temas de la Agenda Nacional de Riesgos en los niveles de “bajo”; “medio” y “alto”. Y creo que aún estamos en nivel medio y se debe atender las premisas que los académicos y expertos en derecho han venido diciendo y es que la inclusión ciudadana es elemental para el sano desarrollo del país.
A todas luces se denota la vulnerabilidad del gobierno para enfrentarlos por incapacidad, corrupción de autoridades del gobierno, la falta de herramientas y mecanismos para frenar su ocurrencia y desarrollo”, manifestó.
Señaló que al aproximarse las elecciones presidenciales de 2018 se aproximan posibles surgimientos de revueltas sociales en varias regiones del país, que es probable que no se puedan apagar y que darán inestabilidad social, económica y política.
Será importante que desde el Congreso de la Unión se trabajen leyes a favor de la sociedad y deroguen otras, como es el caso de que hoy en día no es delito grave la portación de armas de uso exclusivo del ejército, finalizó.