Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 21 de mayo de 2015 (GT).- Una de las instituciones jurídicas más importantes, es la que ostentan, representan y ejercen los notarios públicos. Personas estas que, mediante una patente que otorga el Jefe del Ejecutivo del Estado, se les faculta y reconoce legalmente, para que se tengan por ciertos, los actos que ocurran ante su presencia.
La fe pública, es el hecho de que todo mundo esté obligado a creer y tener por cierto, lo que los fedetarios públicos, como se les refiere, manifiesten que ocurrió ante ellos. La formalización de una operación de compra-venta, un crédito, el otorgamiento de poderes o facultades de representación, testamentos e incluso fe de hechos.
Dicho con todo respeto, y sin demeritar su función, las patentes de notarios públicos, son un negociazo. Enfrentan dificultades en su inicio, pero luego, se hartan de trabajo a lo largo de su gestión. Con los correspondientes beneficios económicos.
Hasta 1989, el gobernador del estado expedía, casi libremente, las patentes de notarios. A fines de cada administración estatal, el gobernador “regalaba” patentes a sus compas, familiares o compañeros de partido. Y todos felices.
Ya con el Gobernador panista, Ernesto Ruffo Appel, se estableció que la asignación de patentes, se efectuara mediante examen por oposición. Hasta la fecha. Se autoriza la creación de nuevas notarias, se convoca a los interesados en adquirirlas, en tanto reunan los requisitos para ello y se les somete a un concurso por oposición, y se
le otorga a quien acredite mejor preparación para el ejercicio del notariado.
Pues resulta, que luego de más o menos apaciguar a los involucrados en el conflicto de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y el de los profesores, el gobernador Kiko Vega abrió un nuevo frente de batalla. Alguno de sus asesores le habló al oído y le comentó que una patente de notario, sería una magnífica compensación o gratificación, para sus colaboradores.
Entonces, le observó que el notariado, es una institución de confort para quienes lo ejercen. Que curiosamente, durante los 26 años de administraciones panistas, no han registrado afectación alguna, al grado de que en varios casos casi se habían convertido en bienes hereditarios y un patrimonio familiar.
Hecho el análisis correspondiente, elaboraron el proyecto de reforma a la Ley del Notariado de Baja California, en cuya propuesta establecen el regresar al gobernador la facultad para el otorgamiento de dichas patentes.
Obviamente, los notarios sintieron que les “jalaban el tapete”. Consideraron que, de aprobarse tales cambios, el otorgamiento de nuevas patentes de notario, podría estar condicionado a filiaciones partidistas. En especial, el otorgamiento de favores a los gobernantes en turno.
Sin embargo, lo que más preocupó a los fedatarios públicos, es que el gobierno estatal desató una campaña mediática para desacreditarlos, exibiendo los supuestos privilegios de que gozan. Cual si fuesen monopolios familiares y patrimonios hereditarios. 0Según los promotores de esta propuesta, los cambios legales acabarían las comodidades y privilegios de los fedetarios.
Obvio, hubo una reacción airada, por parte de estos. Sobre todo, luego de observar, que no obstante los reclamos, la Comisión de Justicia de la legislatura estatal, aprobó dicha reforma y se anunció que este día será puesta a consideración del pleno, para su aprobación.
Esto dió lugar a que el martes 19 de mayo, o sea esta semana, el Colegio de Notarios publicara un manifiesto, dirigido a los integrantes del Congreso del Estado, al ejecutivo estatal y a la comunidad en general, para precisar su posicionamiento ante la intención de tales refrormas.
El contenido del texto, es duro. Lo menos que dicen es que lo hacen con el fin de aclarar y desmentir, “la inexacta información que se ha venido dando a conocer”. Señalan que están a favor de la actualización del marco jurídico, pero recriminan que en su elaboración, “que hacen personas ajenas” al notariado, “no se atiendan nuestras observaciones y se introduzcan reformas de ocurrencia”.
“No nos oponemos –dicen- a que haya más notarios, pero sí a que los nuevos se puedan designar directamente, sin exámen de oposición. Desde tiempos del gobernador Ernesto Ruffo Appel, todos los notarios hemos accedido al ejercicio previo examen”.
Luego subrayan : “Estamos a favor de un examen de oposición riguroso, imparcial, público, transparente y democrático, en el que acceda quien demuestre haber triunfado, tal y como han sido desde hace veinticinco años. Rechazamos la mera posibilidad de que se pueda sustituir por un examen de parapeto, fácil, parcial, opaco, dirigido y antidemocrático, que solo deja lugar a sospechas de los resultados”. Gulppp.
Acostumbrados los panistas, a que tradicionalmente, nadie se opone a los deseos del gobernador en turno, supusieron que sería sumamente sencillo reformar la Ley del Notariado, a fin de retroceder 26 años en la historia, para regresar a los tiempos del priísmo, cuando el gobernador en turno tenía poderes plenipotenciarios, entre ellos el de regalar patentes de notarios a sus compas, familiares o compañeros de partido.
Está latente la amenaza de que el capricho se haga efectivo, aprobando este día las reformas propuestas. Dicen, que Kiko no quiere esperar los cuatro años que quedan de su administración, para convertir a sus allegados en notarios públicos. Alguno le puede regresar el favor, y facilitarle la compra de bienes. De algo sirve, tener notarios compas.
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