Tijuana BC 8 de mayo de 2016 (GT).- En su propuesta de combate a la corrupción y fortalecimiento de la transparencia en la rendición de cuentas, el candidato del PRI en coalición con el PVEM, PT y PANAL, Marco Antonio Irízar Lizárraga precisó que se trata de rechazar también los endeudamientos públicos, producto de un ejercicio irresponsable de los presupuestos de egresos.
De entrada, indicó, rechazará las peticiones que les hagan el Estado y municipios para endeudarse más, cuando ya las deudas están asfixiando las administraciones públicas, y se advierte que persisten irregularidades en el ejercicio de las partidas presupuestales.
El Estado y los municipios deberán ser más eficientes y responsables en el ejercicio del gasto público, advirtió, adelantando que revisará escrupulosamente las propuestas de presupuestos de ingresos y de egresos, y por principio de cuentas, habrán de eliminarse las “partidas secretas”.
“Le estamos apostando a la transparencia total, y no debemos ser incongruentes manteniendo gastos que hasta pasado un año o dos se detectan en las auditorías, sobre todo porque prevalece el “candado” de las informaciones “confidenciales”, claúsula que junto con el concepto de “anualidad” han permitido que las pasadas administraciones públicas municipales y del Estado, hayan cometido dispendios y desfalcos al erario; contra todo eso va mi propuesta de combate a la corrupción, y es un compromiso que sostengo”, abundó Marco Irízar.
Criticó que el Estado y municipios soliciten endeudamientos tras endeudamientos y sin embargo, le deben al ISSSTECALI y los burócratas padecen por la falta de atención médica, medicinas y estudios de laboratorio, pues la institución se encuentra en graves problemas de subsistencia y mantenimiento.
En especial observa que hay que vigilar mucho de las finanzas del Gobierno del Estado, que le parece que no son claras ni justas.
Por todo lo anterior, refrendó sus compromisos de ser un fiscalizador duro, y a la vez también un gestor de mayores partidas de dinero del Gobierno Federal, para fortalecer las acciones del Estado y los municipios de Baja California, en beneficio de las mayorías.