Escuela de políticos

Por: Gilberto LAVENANT

Tijuana BC 19 de marzo de 2016 (GT).- Como si el columnista y el militar retirado, Julián Leyzaola Pérez, ahora metido a político, se hubiesen puesto de acuerdo, ambos se refirieron esta semana a los analfabetas políticos.

Bueno, el columnista señalaba, que : “aunque parezca increíble, el analfabetismo, es un grave problema mundial y nacional”.

Decía que analfabeta, es aquel que no conoce el alfabeto y por lo tanto no sabe leer, ni escribir.

Pero observaba que : “También existe otro tipo de analfabetas, los analfabetas políticos, aquellos que no conocen al menos lo elemental del sistema político”.

Comentaba que es el colmo : “participar en política, ocupar cargos públicos y desconocer el alcance de sus responsabilidades”.

Refería el caso del exalcalde de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre, contra quien esta semana trascendió que la Procuraduría de Justicia solicitó orden de aprehensión, por haber descontado y no cubierto al Issstecali, las cuotas de los trabajadores del gobierno municipal.

Al tratar de explicar su situación jurídica, Robles Aguirre puso de manifiesto que no sabe que, al incumplir con esa obligación, cometió un delito.

Esto, al acudir a los medios y argumentar que no robó nada, evidenciando que nadie le ha dicho que no todo es robar. Como en su caso. Incluso llama la atención que señala que no se ha amparado, ni que lo intentará, bajo la conseja aquella de que “el que nada debe, nada teme”.

Precisaba el columnista que el Código Penal de Baja California tipifica como delito, el descontar y retener cuotas a los trabajadores de gobierno, y no enterarlas o entregarlas al Issstecali.

Que se considera abuso de autoridad y está previsto en la fracción XIV del artículo 293 del Código Penal vigente en la entidad, que señala que incurre en abuso de autoridad : “El Servidor Público que teniendo la obligación legal de enterar a las instituciones de seguridad social, estatales o municipales, las cuotas o aportaciones establecidas en la ley, las retenga indebidamente o retrase su pago sin causa justificada, si ya hubiera sido previamente requerido por la Institución de Seguridad Social”.

Hacía hincapié en que esto se castiga con dos a ocho años de prisión y hasta cuatrocientos días multa”.

Ante tales expresiones, observaba que el joven político debería saberlo. Pero que evidentemente lo ignora, porque es un analfabeta político.

Observaba que en lugar de preocuparse por las consecuencias de sus actos, adopta el papel de víctima y clama que no robó nada y que es una treta política de su sucesor, el alcalde Silvano Abarca Macklis.

Lamenta el columnista que habiendo ocupado la Presidencia Municipal de un municipio, no conozca sus responsabilidades como tal.

Insistía en que nadie lo ha acusado de ladrón. Que simple y sencillamente, durante su gestión, se descontó al salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, para cubrir las cuotas al Issstecali, la institución encargada de otorgarles servicios médicos, y no se hizo.

Decía que en eso consiste su falta. Que nadie ha dicho que se haya robado algo. Que el hacer tal descuento y no hacer llegar al Issstecali lo recaudado, es un delito.

Cabe la ironía y señalaba que el colmo de los ladrones, es que los metan a la cárcel, no por pillos, sino por tontejos. ¿Lo entendieron o se los explico ?

La información disponible, indica que en la administración de Robles Aguirre, se dejó de pagar cuotas al Issstecali, por un monto superior a los 27 millones de pesos, más los recargos correspondientes, incrementan la deuda a casi 29 millones de pesos.

Explicaba el columnista que se abrió una investigación al respecto, se encontraron los elementos constitutivos del delito y se ejerció acción penal en contra de Robles Aguirre, así como en contra del Oficial Mayor y del Tesorero Municipal.

Empero, en su defensa, Robles Aguirre se queja de que es un ardid de su sucesor, Abarca Macklis, cuando que lo que tendría que hacer, es acreditar que no dejó de cubrir las cuotas al Issstecali.

Enconchado en su papel de víctima, Robles Aguirre dice que la Procuraduría de Justicia procedió en su contra, por presiones del Gobernador Kiko Vega y del Alcalde Abarca Macklis, para dañarlo políticamente.

Esto es consecuencia de la ignorancia de los políticos. Aquí es donde coincide lo señalado por el columnista y el militar retirado, ahora metido de político.

Julián Leyzaola, invitado a un evento sobre temas migratorios, organizado por el Colegio de la Frontera Norte, les sugirió que promuevan la creación de una Escuela para Gobernantes.

“No sé porqué a nadie se la había ocurrido, pero así como existen instituciones para la formación de arquitectos, sociólogos, militares, licenciados, deberían existir instancias para la formación de gobernantes, capacitados en el tema de la gobernanza”, señaló el militar en retiro.

Excelente, pero una escuela seria, formal, no una “patito”, con “cursos patito”, como los que les dan los partidos políticos.

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