Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 11 de octubre de 2015 (GT).- De nueva cuenta, el tema del sistema de alumbrado público de Tijuana, vuelve a generar controversias. En esta ocasión, en relación a acuerdo del Cabildo, tomado en sesión del pasado viernes, en base al cual habrá quienes adviertan que “es peor, el remedio que la enfermedad”.
Esto surge, en 2010, durante la administración del panista Jorge Ramos Hernández, quien logró que los miembros del cabildo, le aprobaran llevar a cabo un programa de modernización del alumbrado público de la ciudad, que estimó tendría un costo de 400 millones de pesos.
Se acabó el tiempo de la gestión administrativa del XIX Ayuntamiento y a Ramos no se animó a llevar a cabo la licitación correspondiente, a efecto de de concesionar la obra a particulares.
En el 2011, el priísta Carlos Bustamante Anchondo, revive el proyecto, bajo el argumento de que él sabía hacer negocios y modifica la propuesta de Ramos. Propone, que las 64 mil luminarias de la ciudad, sean adquiridas en arrendamiento, a 24 meses, a un costo de 144 millones de pesos.
Al final, “se les hizo bolas el engrudo”, por la sencilla razón de que lo manejaron como un negocio simple, sin hacer un estudio previo, para determinar las condiciones en que funcionaba el sistema de alumbrado público. Si lo hubieran hecho, habrían advertido, que el sistema está constituido con “parches”, con lámparas de diversos tipos y por tramos, con distintas capacidades de consumo de energía eléctrica.
Como lo primordial era el negocio, Bustamante pagó las “mensualidades rentísticas”, apenas en el segundo mes de firmado el contrato de arrendamiento, y antes de que instalaran una sola luminaria.
Todo se complicó, cuando empezaron a instalar las nuevas lámparas. Debido a las irregularidades del sistema, se fundían casi inmediatamente que las instalaban, al grado de que el proyecto fracasó y fue notoria la penumbra en que estaba quedando la ciudad.
Y el proyecto se entrampó. La empresa, Sola Basic, no pudo cumplir con el contrato, aún cuando ya se le había pagado casi todo, salvo el último mes, por un monto de 3 millones 200 mil pesos, yo era la dueña de las luminarias, que solo fueron materia de arrendamiento. Al pagarle el precio total, las luminarias pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento.
En caso de que el XXI Ayuntamiento, que encabeza el Dr. Jorge Astiazarán, hubiera acudido a la vía legal, para reclamar el cumplimiento judicial del contrato, o la rescisión del mismo, habría entrado en un conflicto que se podría prolongar por 5 o más años, al término del cual la empresa podría retirar las luminarias de su propiedad, aunque la mayoría estarían ya fundidas y Tijuana hubiera quedado en penumbras.
Por lo tanto, mientras no se cumpliera con la condición de pago, de la última mensualidad rentística, el Ayuntamiento no podía cambiar las luminarias, que solo eran rentadas.
Por ello, bajo el principio aquel de que “más vale un mal arreglo, que un buen pleito”, a fines del pasado mes de julio, se suscribió un convenio con la empresa, pagándole la mensualidad rentística que estaba pendiente, poco más de 3 millones de pesos, y compensando adeudos pendientes de cubrir, de ambas partes.
Total, finiquitado el conflicto legal con Sola Basic, el pasado vienes el Cabildo aprobó las bases para licitar un nuevo programa de renovación de 60 mil luminarias, en este caso, sin costo alguno para el gobierno municipal, pero que implicará una erogación de 1,500 a 2 mil millones de pesos, que serán recaudados mediante el impuesto al alumbrado público, que cobra la CFE, y administrados por un fideicomiso.
Y aquí es, donde “la puerca torció el rabo”. El proyecto de Ramos, se estimaba con un costo de 400 millones de pesos. El de Bustamante se redujo a 144 millones. Ambos sirvieron para maldita la cosa. Este nuevo proyecto, se estima que costará entre 1,500 a 2 mil millones de pesos, con la diferencia de que no serán pagados con recursos municipales, sino que lo pagarán los usuarios.
La diferencia de los montos de cada proyecto, es enorme. Y aunque se diluirá entre todos los usuarios del servicio de energía eléctrica, no es fácil de digerir, porque es enorme la distancia entre los 144 millones de pesos que costó el fracasado proyecto de Bustamante, a los 1,500 a 2,000 millones que se presume costará este nuevo proyecto.
En casos como este, sí que es necesario realizar una consulta ciudadana, para que los tijuanenses conozcan los detalles de este proyecto y el costo que tendrá para todos y cada uno de ellos.
Así mismo, que se explique, qué pasará con las luminarias actuales, porque las que retiró el XX Ayuntamiento, encabezado por Carlos Bustamante, las hicieron perdedizas, o mejor dicho, se presume que se las robaron. Y la Sindicatura municipal, a casi dos años de distancia, no concluye la “investigación”, ni determina posibles sanciones a los protagonistas de ese escándalo.
Definitivamente, la ciudadanía no está en contra de que se atiendan los problemas de la comunidad. Y sabe perfectamente que todo tiene un costo. El problema es que estos asuntos se manejan con una enorme opacidad, y las autoridades toman decisiones a espaldas de los principales interesados. En especial, como en este caso, que evidentemente “es peor el remedio que la enfermedad”.