Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 16 de abril del 2015 (GT).- Con frecuencia, o en forma un tanto cíclica, las autoridades de los tres niveles de gobierno, escandalizan, por el grado de violencia, entre alumnos, al interior de los planteles educativos.
Aparentando preocupación al respecto, organizan campañas de concientización, dirigidas hacia jóvenes y niños, y hacia los padres de estos, sobre la importancia de respetar a sus compañeros de estudios. Recalcan, insistentemente, los efectos negativos del acoso escolar, en el desarrollo de las víctimas de bullying.
Sin embargo, nadie reconoce, que el bullying, es producto de la negligencia de las autoridades educativas, en tanto que no asignan, suficiente personal para el cuidado de la disciplina de los alumnos. Los dejan hacer lo que les venga en gana.
Imaginen nada más, lo que llega a pasar, en un plantel educativo con una población de cuando menos mil alumnos y apenas un par de prefectos o encargados de vigilar el comportamiento de los mismos.
Los abusos, de los más inquietos e indisciplinados, de aquellos con serios problemas de conducta, propensos a la violencia, incluso con problemas familiares, respecto a los más vulnerables, de baja estatura, tímidos, débiles, son constantes.
Las agresiones se dan, en las zonas de recreo, en lugares cerrados como los sanitarios e incluso en el interior de las aulas. Hay profesores que las propician y aplauden. Parece absurdo, pero es una realidad.
Pero, peor que eso, es lo que podría calificarse como bullying oficial, consistente en el trato agresivo de profesores y directivos del plantel hacia los alumnos.
Por una parte, hay profesores que aplican rigurosos exámenes a sus alumnos, que ni ellos mismos podrían resolver satisfactoriamente. Basan su “prestigio” profesional, logrando un alto grado de reprobación. Desde el inicio de clases, advierten, a quienes tienen la desgracia de quedar a su disposición, en calidad de alumnos, que con ellos, difícilmente tendrán resultado aprobatorio.
Otros, suelen romperles los trabajos, tan solo por detectar en ellos faltas ortográficas. En otros casos, porque los presentan con pastas de color distinto al que indicaeon. Se dan casos, en los que la alta reprobación, va dirigida a obligarlos a acudir a cursos especiales de “regularización”, por los que habrán de cubrir cuotas especiales, que serán en beneficio del profesor que los imparte.
También se dan casos, de agresión física, directamente por el profesor, o por parte de los compañeros de clases, alentados por el docente. Las víctimas, saben perfectamente que deben guardar silencio o atenerse a las consecuencias, en caso de quejarse.
Cuando se llega a hacer alguna denuncia, incluso acompañados de los padres de familia y mostrando las huellas o consecuencias de la agresión, el profesor lo niega, y no pasa nada. La autoridad del plantel da mayor valor a la versión de este, que a la del alumno agredido, y finalmente este tiene que abandonar la escuela, al resultar insoportable la situación a que es sometido constantemente.
Pero eso va, mucho más allá, cuando las agresiones se dan por parte de los directivos del plantel educativo. Les condicionan el ingreso y la permanencia, al pago de cuotas “voluntarias”, a la compra de uniformes y útiles escolares, y en especial de alimentos, al interior de la escuela.
Y lo que parece una exageración, les dan un trato soez, altanero, déspota, cuando acuden a solicitar información o algún plazo, para cumplir las exigencias, que van desde vestir un uniforme especial, las jovencitas el uso de calcetas y los hombres determinado tipo de pantalón.
Aún hay más, la intransigencia de los directivos de los planteles, llega al grado de impedir el acceso al plantel, a los alumnos que no llevan el uniforme completo o de los colores exigidos, o que no han cubierto las cuotas que supuestamente son voluntarias.
Lo absurdo, les niegan la expedición de constancias de estudios, cuando las requieren para realizar algún trámite o gestión, como ocurrió en días pasados en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 155, identificado como CBTis 155, ubicado frente a las oficinas de la Delegación Municipal de San Antonio de los Buenos, en el Fraccionamiento El Rubí.
El director del plantel, de nombre Victor Alfaro, se negó rotundamente, a expedir a los alumnos de sexto semestre, constancias de estudios, que es el documento que requieren para solicitar ficha de admisión a planteles de educación superior. Sin ese documento, pierden el derecho y oportunidad de continuar estudios superiores y por lo tanto se viola su derecho constitucional a la educación.
Desesperados, los alumnos acudieron a todas las instancias que tuvieron a su alcance y portando pancartas manifestaron su malestar y desesperación al interior del plantel. Cuando al parecer los superiores de Alfaro le ordenaron extendiera las constancias solicitadas, dicen que este obligó a los solicitantes a firmar “cartas compromisos”, obligándose a pagar las “cuotas voluntarias”, bajo la advertencia de que no les otorgaría certificados o constancias de haber concluido estudios de nivel medio superior.
El bullying oficial, es una realidad grosera y vergonzante, que es propiciada y tolerada por las autoridades educativas, que se convierten en cómplices de los directivos de los planteles, quienes los operan a su antojo, cual si fuesen franquicias comerciales. Qué vergüenza.
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