Tijuana BC 30 de noviembre de 2017 (GT).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) rechaza la eventual aprobación de la ley en materia de seguridad interior, en los términos recientemente aprobados al interior de la Cámara de Diputados, sumándose a los pronunciamientos manifestados por Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil en México.
En el marco del proceso legislativo en el que se analiza esta iniciativa, la Defensoría de Baja California expresa de manera enfática que ninguna ley puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado mexicano, requiere instituciones sólidas y un marco jurídico que no deje lugar a dudas sobre las funciones que habrán de llevar a cabo los organismos encargados constitucionalmente de llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California se pronuncia a favor de un México en paz, en el que se coloque a las personas en el centro de las políticas públicas y se escuche el sentir y las necesidades de quienes día a día sufren los embates de la inseguridad.
La ley en materia de seguridad interior, en los términos que es planeada, representa un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.
Además, une las concepciones entre seguridad nacional y seguridad interna, al tiempo que favorece el uso discrecional de las Fuerzas Armadas en acciones de combate al crimen organizado.
De esta manera, deja de lado la necesidad de que las autoridades de gobierno emprendan acciones coordinadas y efectivas para favorecer los recursos y capacidades de las policías civiles.
Por otro lado, la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere afectaría la transparencia; la carencia de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.
Advierte, además, que la ley provocaría problemas de interpretación legal que transgrede fundamentos constitucionales.
La propuesta de ley no establece en forma expresa la manera como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución.
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