Mexicali, B. C., lunes 6 de junio de 2022.- Con el objetivo de establecer en el marco jurídico la violencia vicaria y determinar medidas preventivas, de atención y sanciones, la diputada Rosy García Zamarripa presento iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Baja California.
 
​Durante su exposición de motivos la legisladora García Zamarripa señaló que la presente enmienda atiende un fenómeno social que padecen las familias y personas dentro de la modalidad de violencia familiar, pero que de acuerdo a la doctrina se conoce como violencia vicaria.
 
​La presidenta de la Comisión de Seguridad Publica dijo que esta manifestación se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o concubinos de las mujeres y éstos utilizan a los hijos, personas adultas mayores o con discapacidad como instrumento para dañar a la mujer.
 
“Esta violencia puede ir desde amenazas verbales donde los progenitores refieren que alejarán a las hijas e hijos de las madres, el control, retención de una pensión económica, hasta la creación de denuncias falsas y alargamiento de procesos judiciales, con la intención de romper el vínculo materno filial; o a través de la realización de cualquier otra conducta que sea utilizada por el agresor, como instrumento para dañar a la mujer”, enfatizó.
 
La iniciativa pretende promover programas y acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria, que entre se incluyen: Canalizar a la persona agresora a tratamiento psicológico; Establecer esta violencia como una conducta penal y administrativamente sancionable.
 
También tratar y documentar la violencia vicaria como factor circunstancial en los procesos jurisdiccionales relacionados con las obligaciones alimentarias, patria potestad, régimen de convivencia y guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes, detalló.
 
García Zamarripa expuso que las órdenes de protección civil, serán tramitadas ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, quienes de oficio o a petición de parte las dictarán, así como la determinación de medidas similares en sus sentencias.
Finalmente, la diputada refirió que se tiene la obligación de una valoración psicológica a la persona agresora, previo al otorgamiento de patria potestad, régimen de convivencia, guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes.
 
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes de la XXIV Legislatura para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

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