Tijuana, B. C., a 10 de diciembre de 2017 (GT).- Es preocupante que el gobierno estatal planee recortar 10 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) en 2018 y que el Ayuntamiento de Tijuana asigne a la Dirección de Protección al Ambiente solo 2 de los 7 mil millones de pesos que tendrá el municipio el próximo año.
Así lo remarcó el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, quien explicó que el discurso político debe acompañarse de voluntad política, de modo que se refleje en el presupuesto y exista coherencia entre las políticas públicas, para que el cariño, como reza la sabiduría popular, se refleje en la chequera.
“El manejo de las prioridades presupuestarias en el gobierno es muy complejo, sujeto a variables enigmáticas y no siempre refleja el discurso político; la propuesta del gobernador Francisco Vega de reducir 10 por ciento el presupuesto del sector ambiental puede no significar nada o ser una señal terrible, pues nunca será suficiente el recurso otorgado a las dependencias ambientales, comparado con sus atribuciones y obligaciones de ley”, dijo.
En México, añadió, es común que los diputados aprueben leyes sin recursos para hacerlas cumplir y esto no debe resultarnos normal, la ley estatal hace años contempla una Procuraduría Ambiental Estatal, para que la SPA no sea juez y parte; esto era una discusión que creíamos superada, pero hoy seguimos en espera del cumplimiento por parte del gobierno de Baja California y del Congreso estatal.
“Un ejemplo que parece en sentido contrario es que se transfieren atribuciones del Registro de Descarga de Aguas Residuales de la SPA a la CESPT, sin los recursos correspondientes y ahora también convierten a la CESPT en juez y parte, al otorgar autorización y vigilar su cumplimiento”, criticó José Carmelo Zavala.
Debe existir una articulación entre las políticas públicas ambientales de los tres órdenes de gobierno, afirmó el director del CIGA, esta es una función que alguien debe gestionar y cumplir, quizás podría hacerlo la Secretaría General de Gobierno o una nueva Secretaría para el Desarrollo Sustentable Estatal.
“Lo urgente se vuelve importante y distorsionado, pero en una administración profesional y responsable hasta las contingencias se programan, etiquetando fondos de emergencia, para evitar casos como el del Servicio Médico Forense, que recién fue inspeccionado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que le dictó medidas urgentes por graves omisiones en el manejo de residuos biológicos generados en las necropsias”, comentó.
En el caso del Ayuntamiento de Tijuana, Zavala Álvarez opinó que el presupuesto de 2 millones de pesos contemplado para la Dirección de Protección al Ambiente (DPA) en 2018 es seriamente desproporcionado, al tratarse de una ciudad con 2 millones de habitantes y un presupuesto de 7 mil millones de pesos.
“Otra realidad en el caso de Tijuana es que no están vinculadas áreas de gobierno que están ligadas por sentido común al tema ambiental, como es el caso de, por ejemplo, la basura ¿o es que acaso alguien podría negar la relación de la recolección de los residuos sólidos urbanos con la protección del medio ambiente?”, cuestionó.
Lo mismo ocurre, agregó, con el área que atiende parques y jardines, ¿qué cosa podría estar más cerca de lo ecológico?, y tampoco está vinculada a la DPA; tampoco lo están la iluminación, la calidad de aire, el transporte público, por ello es importante una Secretaría de Desarrollo Sustentable o de Movilidad que articule debidamente las políticas públicas.
“Ante los reducidos presupuestos, es vital la capacidad de gestión de la dependencia para tejer alianzas con sectores de la sociedad que multipliquen su capacidad de acción; esto ya sucede, pero debe fortalecerse, también debe sistematizarse la búsqueda de recursos no fiscales y la construcción de alianzas, designando áreas y responsables con esas tareas”, consideró.
La sociedad civil organizada, finalizó, tiene larga historia en suplir las tareas que desde el gobierno no se realizan y ahora debemos también mejorar la eficiencia del gasto corriente, aunque esto implique reducir comodidades al funcionario público, pues se requiere que el discurso político se acompañe de voluntad política y sea coherente con el presupuesto.