Tijuana BC 15 de julio de 2018 (GT). – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) coorganizó, junto con la Comisión de Salud del Poder Legislativo, el Foro sobre Prevención de Adicciones Derechos Humanos y Bienestar Social.
En el marco de esta actividad, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, presentó la ponencia “La prevención de adicciones desde la perspectiva de los derechos humanos”.
La Titular de la Defensoría expuso que las adicciones son un tema de salud pública. “Vivir con una adicción es tener una complicación de salud que implica cambios en la vida de la persona y de su familia. La problemática que está inherente al tema de las drogas, en el ámbito de la regulación, que debe de verse desde muchas aristas, tiene que verse con la mirada de los derechos humanos”.
En ese sentido, consideró importante tomar en cuenta los mandatos de la Constitución, cuyo primer artículo establece la obligación de todos los servidores públicos de promover, de respetar, de garantizar de los derechos humanos; así como vulneraciones y reparar el daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
“Hay que entender el compromiso que tienen las instituciones y los servidores públicos; no se puede hablar de políticas públicas que queden al margen del cumplimiento de los derechos humanos”, afirmó.
La Ombudsperson precisó que en este tema hay una dimensión individual y una dimensión colectiva. Desde la perspectiva del consumidor, real o potencial, entran derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad que tiene cada persona de decidir sobre su destino y características que quiere dar a su vida, a su desarrollo personal, a su cuerpo. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, se encuentran las ineludibles obligaciones de proteger y salvaguardar los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la protección de la salud, así como a la protección de grupos como niñas, niños y adolescentes.
Olvera Rodríguez señaló que hablar de drogas, desde la perspectiva de los derechos humanos, no es una cuestión sencilla. “Es una cuestión que incide y tiene relación con varios derechos, involucra distintos ámbitos o esferas de actuación del Estado y en razón de ello su tratamiento es complejo. Hay que estar preparados en infraestructura, sobre todo en atención médica. La CEDHBC ha observado, a partir de expedientes de queja, que el sector salud estatal es insuficiente, es muy limitado. Resulta complejo hablar del tema porque debe plantearse el reto de buscar la mejor armonización entre los derechos que se involucran cuando se aborda el tema de las drogas”.
“Sin dejar de lado los usos y costumbres de los pueblos originarios en los cuales, algunas drogas representan un elemento indispensable en sus culturas, así como la existencia de deberes estatales como brindar y garantizar la seguridad de la población, prevenir conductas que afectan a la colectividad en su conjunto”.
Agregó que, con todos estos elementos, abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos resulta complejo porque, si bien hay derechos que protegen de manera individual a cada persona para el libre desarrollo, por otro lado hay obligaciones específicas del Estado, derechos que podrían entrar en el ámbito colectivo que entran en juego.
La Presidenta de la CEDHBC refirió que actualmente hay un debate abierto, en la agenda de las y los funcionarios en el ámbito federal que genera debate en la sociedad acerca de lo oportuno o no de la legalización.
Ante tal panorama, la Ombudsperson consideró necesario ampliar la visión de pensar qué sigue después del abordaje de la legalización, así como que se escuchen las voces de expertos en el ámbito científico y de la sociedad civil de forma profunda y amplia, así como de personas que enfrentan retos en la salud derivados del consumo.
De igual manera, Olvera Rodríguez hizo hincapié en la importancia de dimensionar las adicciones como un problema de salud pública. “No es lo mismo hablar de drogas hace 15, 10 años, han evolucionado y en algunos casos se han vuelto más riesgosas; hay que distinguir entre los efectos de drogas por sí mismas y los efectos que se derivan de las políticas públicas que en materia de drogas se adopten. Son dos cosas, drogas con política, drogas sin política. Drogas sin instituciones con políticas públicas, sería muy riesgoso”.
Añadió que no sólo se deben de atacar las manifestaciones externas sino también las causas que generan adicción. “En este complejo tema hay que ponderar el derecho de protección a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad ciudadana, el de.recho de los niños y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Los derechos humanos son derechos universales y las decisiones con perspectiva de derechos humanos implican respetar la dignidad humana. El reto es lograr una armonía entre las implicaciones y los derechos del individuo y la colectividad”.
“A las personas con adicciones no debemos verlas como personas que cometen delitos. La estigmatización hace muchísimo daño. El control de las adicciones debe verse más que bajo el esquema punitivo, como problema de salud pública y de seguridad social que reconoce diferencias entre drogas y riesgos al consumirlas. El foco de atención deben ser las personas”, concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.
Se encontraron presentes el Diputado Miguel Osuna Millán, Presidente de la Comisión de Salud de la XXII Legislatura; Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana; Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado; Delia Ávila Suárez, Directora de DIF Tijuana; Gustavo Fernández de León, Autor y Promotor del Propósito de Vida en Jóvenes, entre otras autoridades.