Tijuana BC 9 de noviembre de 2017 (GT).- Una filtración de más de 13,4 millones de documentos dan a conocer registros mercantiles de más de 19 jurisdicciones, los cuales contienen información de sociedades creadas o que operan en “Paraísos Fiscales” (Territorio o Estado caracterizado por aplicar un régimen tributario muy bajo o que exenta el pago de principales impuestos; así como el secreto bancario y protección de datos), según lo menciona el Licenciado Jorge Pickett Corona.
El abogado fiscalista señaló que dentro de los ‘Paradise Papers’, se ven implicados personajes públicos, empresarios, representantes políticos, representantes de estado, oligarcas, es decir, toda una élite de personas al igual que algunas de las empresas multinacionales, bancos y universidades reconocidas mundialmente.
“Son algunas de las figuras que componen una lista, atendiendo a los registros de estas empresas “Offshore” (empresas que se dedican a crear societarios complejos que le permiten a sus clientes ocultar su identidad, optimizar su situación fiscal o, incluso, evadir impuestos), así como registros que a su vez, exponen la vida financiera de quienes solicitaron sus servicios”, dijo.
Detalló que dichos registros implican al difunto Marcial Macial Degollado, quien presuntamente tenía una compañía en las Bermudas; Carlos Slim Helú; José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa; así como sus hijos; Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio.
Manuel Zubiria Maqueo, ex director de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM); y el banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros, informó el abogado fiscalista.
Señaló que el SAT aplicará los acuerdos de intercambio de información (el último fue firmado en la ciudad de Berlín, Alemania el pasado 29 de octubre de 2014 y que entró en vigor el presente año), mediante reportes estandarizados de cuentas, inversiones y transferencias financieras pertenecientes a contribuyentes mexicanos o sus empresas en estos Paraísos, cuyo objetivo es meramente fiscal, dirigido a aquellos contribuyentes que aparecen en los “Paradise Papers”.
Lo anterior, con la finalidad de valorar si efectivamente existen o no los elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y proceder de acuerdo a la ley.
Para concluir, Pickett Corona aseguró que el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que la legislación mexicana le confiere para combatir la evasión fiscal en el país, tal y como lo hizo en el pasado caso de los “Panamá Papers”, en el 2016.